El presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, solicitó al titular de la cartera de Justicia, Néstor Osuna, que se analice una grave denuncia que hizo el periodista Gonzalo Guillén en su medio de comunicación La Nueva Prensa donde señaló un alto fiscal estaría encubriendo unos 200 homicidios perpetrados por 14 miembros del Clan del Golfo en los últimos tres años.
“Me parece supremamente grave esta denuncia. Le pediré al ministro de justicia que cite al Consejo Nacional de política Criminal para discutir este tema (sic)”, trinó el jefe de Estado junto con el vínculo a la publicación de Guillén, hacia las 11:55 de la noche del miércoles 26 de abril.
En el mencionado portal digital señalaron que el funcionario implicado en la denuncia es el fiscal Séptimo Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Daniel Ricardo Hernández Martínez, quien pese a los llamados de los propios investigadores del ente acusador habría omitido su deber constitucional de judicializar a 14 presuntos jefes criminales de las también llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (ACG) quienes habrían ordenado los asesinatos en la Costa Caribe.
“Hernández ha debido citar a comités urgentes de trabajo por estar en juego la vida de seres humanos y asignar tareas y comunicarse con la embajada de Estados Unidos, porque hay narcotráfico, y solicitar órdenes de captura. Pero nunca hizo nada”, dijo uno de los investigadores que consultó Guillén.
De acuerdo con el documento que le allegaron al periodista se trataría de Julio Alberto Benavides Lapeira, alias El Tigre o El Patrón; José Luis Pérez Cantillo, ‘Chichiwi’ o ‘El Pin’; Manuel Alejandro Catalán Pérez ‘El Flaco del retén’; Benjamín Segundo Gracia Gutiérrez ‘Maicol’; alias Lulú o AlExander Villalba Reyes; Ángel María Benavides Lapeira ‘Angelo’; Geisa María Mora Caballero, José Daniel Pacheco Valencia ‘Fujimory’, Alberto Padilla Sarmiento ‘Brayan’ o ‘Javier’; Ender Caro Martinez ‘El Burro’, ‘Helder’, ‘Pepe’ o ‘El Negrito’; Haumed Ahumada Gomez ‘El Valluno’; Eliecer Rafael Hernández Ursola ‘El Mono’, Nicolás Alberto Lemus Hernández ‘Choque’, y Hernández Alias Chapa o Pedro.
En esa investigación también señalaron que el señalado fiscal Hernández Martínez tenía el respaldo de la cabeza del organismo investigador, Francisco Barbosa, y la vicefiscal General Martha Mancera, y hasta del exfiscal General Néstor Humberto Martínez, pese a que el funcionario tiene investigaciones por parte de la misma entidad por presuntos hechos de corrupción.
Iniciaron indagaciones por la visita del hermano del presidente a La Picota
En la mañana del martes 25 de abril, un equipo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, llegó hasta la cárcel La Picota ubicada en el sur de Bogotá, con el fin de interrogar a los presos que han sido condenados por paramilitarismo y los que se encuentran a la espera de una extradición a Estados Unidos para que respondan en ese país por sus delitos.
De acuerdo con la W Radio, los interrogatorios que adelantó el CTI de la Fiscalía General de la Nación tenían como objetivo determinar cuáles fueron las conversaciones que tuvieron esos presos con el hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, cuando visitó este centro carcelario en medio de la campaña por la presidencia de Colombia en el 2022.
Según esa emisora, los presos señalaron que no era cierto que Juan Fernando Petro les ofreciera prebendas jurídicas dentro de la Paz Total, a cambio de apoyos a la campaña de Gustavo Petro por la Presidencia de Colombia.
Los rumores del supuesto ‘Pacto de la Picota’ señalaban que Juan Fernando Petro había ofrecido a los paramilitares convertirse en “gestores de paz” y a los extraditables demorar los traslados a Estados Unidos gracias a decisiones del Estado colombiano.