La Fiscalía General de la Nación solicitó el martes 25 de abril de forma oficial precluir el caso contra el exsenador y precandidato a la Gobernación de Antioquia, Julián Bedoya, por presuntamente gestionar un fraude institucional para obtener su diploma como abogado de la Universidad de Medellín. La solicitud se sustentó por parte del fiscal delegado Fernando Augusto Arias ante el juzgado penal de Bogotá, donde argumentó que el material probatorio contra Bedoya no constituía un delito.
Exposición del caso
La audiencia del caso inició sobre la 1:30 de la tarde, el ente acusador comentó que no se halló un punto de apoyo en las acusaciones que se formularon contra el exsenador y expresó ante el juez que lleva el caso la pertinencia de desestimar el mismo, porque no se encontraron hechos que dieran cuenta de la comisión de un delito.
Durante la exposición el fiscal hizo un recuento cronológico del caso y sintetizó en varios puntos principales los señalamientos que recaen sobre Bedoya. En un primer momento recordó que de acuerdo con las denuncias que hacen parte del proceso, se acusa a Bedoya de irregularidades cuando este reingresó a la Universidad de Medellín para el 2018, tomando en cuenta que esta solicitud se evaluó por Consejo Académico y no por el Consejo de Facultad.
También mencionó que el precandidato fue señalado de beneficiarse por actas de evaluación que presuntamente se habrían firmado en blanco y luego adulterado, como irregularidades en la presentación de los exámenes, en tiempos que no cuadrarían con el reglamento de la institución superior.
Por otro lado, mencionó que el exsenador es señalado de tener un supuesto trato preferencial por parte de la universidad, razón por la que podría haber recibido su acta de grado y presentarla ante el registro nacional de abogados, para de esta manera ejercer su profesión.
Determinaciones
Respecto a las irregularidades mencionadas en el reingreso de Bedoya, el fiscal consideró que este proceso habría sido surtido con base en el reglamento interno de la universidad. Con relación a si el Consejo Académico era competente para autorizar el reingreso, el servidor consideró que el Consejo de Facultad no era el encargado directo del caso, sino el Académico.
Según la versión entregada, mientras el Consejo de Facultad es el encargada de los estudiantes que se han retirado de la universidad hace cinco años o más, el Académico se encargue de los casos ‘especiales’, entendiendo de Bedoya haría parte de este grupo. El fiscal del caso comentó que la Fiscalía encontró plenamente acreditado el trámite de reingreso de Julián Bedoya.
En cuanto a un presunto trato preferencial para Bedoya, el fiscal también consideró equivocada esta interpretación y afirmó que la forma en cómo su caso se llevó se vincularía con una política institucional de la Universidad de Medellín vinculada con la búsqueda de su acreditación de alta calidad.
Con todo esto, el fiscal comentó que la universidad flexibilizó las condiciones para acompañar a sus estudiantes que no habían terminado sus estudios y porque estaban trabajando para mejorar su puntaje en esas mediciones, lo que explicaría las facilidades que tuvo Julián Bedoya para obtener su título presentado suficiencias.
Igualmente, el fiscal aseguró que, con base en las pruebas grafológicas y los interrogatorios realizados a varios docentes de la universidad, ese ente pudo constatar que los exámenes con los que Bedoya obtuvo su título sí se habría realizado y las actas no fueron adulteradas.
La audiencia continuará el 4 de julio con la intervención de las partes declaradas víctimas, y día después el Ministerio Público tendrá su turno y el 11 de julio tendrá que intervenir la defensa de Julián Bedoya.
Recuento del proceso judicial
Se van a cumplir cuatro años desde que la Corte Suprema de Justicia tomó cartas sobre las denuncias que relacionan al abogado Julián Bedoya, y el polémico título que porta, la Sala de Instrucción comenzó una serie de investigaciones que terminaría en una investigación previa abierta el 15 de enero de 2020, una instrucción formal del 15 de abril de 2021, y una indagatoria realizada el 2 de julio y el 6 de agosto de ese año.
El caso estuvo en manos del magistrado instructor César Reyes, quien para esos dos días llamó al entonces senador de la República para que respondiera por la presunta comisión de falsedad ideológica en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Durante las diligencias se intentaron despejar inquietudes en torno a los estudios adelantados por Julián Bedoya hasta 2009, al cual regresó en 2018 con un plan de estudios que no le correspondía. Para esa época, el aspirante a la Gobernación de Antioquia hizo 16 exámenes que eran necesarios para graduarse en cuatro días. Eso llevó a abrir una investigación disciplinaria adentro de la Universidad de Medellín.
En este mismo tiempo a nivel disciplinario y penal se averiguaba si hubo falsedades en el título, el Ministerio de Educación en junio de 2022 sacó una resolución en la cual inhabilitaba al expolítico para ocupar cargos públicos por cinco años a personas como Néstor de Jesús Hincapié, exrector de la Universidad de Medellín. Al parecer, él estuvo detrás de las irregularidades para que Julián Bedoya obtuviera el diploma de abogado.