La novela por el cierre de operaciones de la aerolínea de bajo costo Ultra Air a causa de dificultades económicas, que generó una fuerte crisis en el transporte aéreo, sumó un nuevo capítulo.
Esto, debido a que el Ministerio de Transporte acudió a la Fiscalía General de la Nación para radicar una denuncia penal contra los miembros de la Junta Directiva de dicha aerolínea, entre los que están David Bojanini, William Shaw, Ilva Arias, Juan Alberto Londoño, Juan Carlos Altmann y Claudia Múnera, además de los representantes legales Óscar Herrera y Abel López.
En la denuncia, conocida por Semana, estos deberán responder por varios delitos. Ellos son: estafa agravada en modalidad masa, ofrecimiento engañoso de productos y servicios, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial y los demás tipos penales que encuentren tipificación.
La cuantía inicial estimada por la que el Ministerio de Transporte demandó a los miembros de la Junta Directiva de Ultra Air y representantes legales de la misma es de $48.211.739.026.
Consideraciones
Entre las consideraciones que llevó a dicha cartera a hacer la denuncia está que, teniendo en cuenta que el transporte aéreo está considerado como un servicio público esencial bajo la regulación del Estado, lo que se confirma con el Artículo 5 de la Ley 336 de 1996, “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte”, Ultra Air afectó la prestación del servicio aéreo el pasado 29 de marzo de 2023, cuando de manera deliberada, y muy a pesar de estar de por medio la afectación del interés general, decidió poner fin a la prestación de los servicios, aduciendo que ello se daba en razón de múltiples inconvenientes.
“Desde esa perspectiva y con fundamento en el Decreto 087 de 2011 (por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y se determinan las funciones de sus dependencias), corresponde al Ministerio de Transporte, como líder de las políticas públicas del sector, garantizar la prevalencia del interés general sobre el particular en relación con ese servicio público esencial de cara a materializar su prestación en la forma debida, bajo el estricto cumplimiento de las normas que lo regulan y en todo caso, buscando la protección de los usuarios de ese servicio público esencial”, consideró también el ministerio.
Síntesis de los hechos
La cartera de Transporte manifestó en la denuncia conocida por el medio antes mencionado, que el 29 de marzo de 2023 la sociedad Ultra Air S.A.S. remitió por correo electrónico dirigido a la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, un comunicado oficial en el que informó de la suspensión de las operaciones a partir del mismo día a las 11:59 p.m., debido -según indicaron, a múltiples inconvenientes.
Ante esto, el ministerio detalló que dicho correo electrónico se radicó en los sistemas de información de la Superintendencia de Transporte bajo el número 20235340504772 y en la misma fecha la aerolínea publicó en su cuenta oficial de Twitter un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que dio a conocer de la suspensión de las operaciones y de la no ejecución de las rutas programadas a partir del 30 de marzo de 2023, misma información que fue replicada en su página web.
“A través de oficio número 20239100230061 del 29 de marzo, la Superintendencia de Transporte le requirió a la aerolínea información relacionada con las reservas emitidas y confirmadas desde la fecha en que cancelaron operaciones en adelante, además de otros datos asociados a las medidas implementadas para proteger a los usuarios con origen y destino en el archipiélago de San Andrés e información relacionada con los váuchers expedidos a la fecha”, agregó.
Además, que mediante correo electrónico radicado con número 20235340509902 del 29 de marzo, la aerolínea otorgó respuesta a lo solicitado, informando, entre otros aspectos, que los vouchers expedidos por la aerolínea al 29 de marzo de 2023, corresponden a 2.898 por la suma de $1.800.054.736.
“Allegaron archivo Excel que contiene el número de tiquetes a ejecutar desde el 30 de marzo de 2023, siendo un total de 327.551″, precisó.
El ministerio también dejó claro que se pudo corroborar que la aerolínea tuvo sus canales comerciales habilitados al menos hasta el mediodía del 29 de marzo de 2023, muy a pesar de que eran absolutamente conscientes de su situación financiera, hecho que permite evidenciar desde ya el componente subjetivo del tipo penal, lo que es el dolo, respecto del delito de estafa agravada en modalidad masa.
“Lo anterior permite advertir cómo las personas acá denunciadas en nombre de la sociedad Ultra Air S.A.S., vendieron y ofertaron al público”, señaló el Ministerio de Transporte.
Esta es la denuncia del Ministerio de Transporte contra Ultra Air:
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