Fue declarado insubsistente fiscal que investigaba a abogados que visitaron a Aida Merlano

Al parecer, el funcionario salió porque estaba próximo a pensionarse. También llevaba otros dos casos de relevancia nacional

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Fiscal que tenía tres casos de suma importancia en el panorama nacional fue declarado insubsistente. Jesús Aviles - Infobae
Fiscal que tenía tres casos de suma importancia en el panorama nacional fue declarado insubsistente. Jesús Aviles - Infobae

Wildord Holmedo Buitrago, fiscal 295 Anticorrupción, fue declarado insubsistente a pesar de tener varios casos relevantes en sus manos; este fiscal estaba a cargo de la investigación que compulsaba copias de la Corte Suprema de Justicia para que se investigara la supuesta visita de unos abogados a la excongresista Aida Merlano.

Es importante recordar que Merlano había comentado ante varios medios de comunicación que reconocidos juristas habían ido a visitarla para organizar su fuga. Lo que se conoce hasta al momento respecto a estas afirmaciones de la expolítica de la Costa es que se trataría de tres abogados que apoyaban la defensa de Gerlein y los Char para la época de los hechos.

El fiscal declarado insubsistente también adelantaba la investigación por la manipulación de la escena del crimen en el caso del homicidio del grafitero Diego Felipe Becerra, hecho que se desarrolló el 19 de agosto del 2011. Los padres del joven asesinado llevarán una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues el fiscal indagaba la participación de varios oficiales de la Policía Nacional envueltos durante la audiencia de imputación en contra del general Francisco Patiño.

Otro de los casos a cargo de Buitrago se desarrollaba contra integrantes de la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S., por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la firma de un contrato para el manejo de los cementerios en la capital del país.

Aida Merlano, política de la Costa que purga una condena de 15 años. Jesús Aviles - Infobae
Aida Merlano, política de la Costa que purga una condena de 15 años. Jesús Aviles - Infobae

Recuento de los casos a cargo del funcionario

El primero proceso a mencionar es el de Aida Merlano, sabiendo que esta purga una condena por la compra de votos, cabe mencionar que la mujer fue recapturada por las autoridades venezolanas tras protagonizar una de las fugas más impactantes de los últimos años.

Para el año de 2018, las autoridades en cabeza de la Fiscalía General descubrieron la red ilegal de compra de votos, durante este año Merlano se lanzó a las elecciones legislativas para el Senado y aunque fue elegida, se hallaron pruebas de que su sede de campaña gestionaba la compra de votos, por esta razón no se posesionó en el Congreso y para el 9 de abril decidió entregarse a las autoridades.

En el 2019, el Consejo de Estado anuló su elección y para el 14 de septiembre de este mismo año la Corte Suprema la condenó a 15 años de cárcel por delitos como; concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia ilegal de armas.

La política barranquillera ha mostrado su intensión de entregar información a las autoridades, porque asegura no ser la única involucrada en el tema de venta de votos, en diversas ocasiones mencionó a Gerlein y Char dos de los conglomerados más importantes en la Costa Caribe.

En su momento W Radio informó que la excongresista entregó información valiosa que comprometería a Julio Gerlein, Arturo Char, Alejandro Char y a los abogados Diego Muñetón, Raúl Cadena y Antonio Deyongh. Ya que habría proporcionado los registros de los ingresos de los abogados a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, todo esto previo a su fuga.

Los datos entregados a las autoridades dejaron varias dudas en el aire sobre si existieron otros cómplices en su fuga y el grado de participación que habrían tenido, ya que la exfuncionaria aseguró que todo se trató de un plan para que esta no declarara ante las instancias judiciales pertinentes.

Crimen del grafitero Diego Felipe Becerra. Jesús Aviles - Infobae
Crimen del grafitero Diego Felipe Becerra. Jesús Aviles - Infobae

Crimen del grafitero Diego Felipe Becerra

Diez años después de la muerte del grafitero en 2011 una juez de Bogotá profirió el fallo condenatorio contra cuatro policías y un abogado implicado en la manipulación del crimen. Los condenados fueron el coronel de la Policía Nelson de Jesús Arévalo, el teniente Rosember Madrid, el intendente Juan Carlos Leal, el abogado Héctor Hernando Ruiz y el ya condenado a 37 años de prisión por el homicidio del joven, el patrullero Wilmer Antonio Alarcón.

Pese a eso, la juez también decidió absolver a los coroneles José Javier Vivas y John Harvey Peña, ya que no se demostró que hubieran tenido noción de que se iba a alterar la escena del crimen, colocando un arma para hacer ver que Becerra estaba cometiendo un delito cuando Alarcón le disparó sin justificación.

En la decisión, también se absolvió a los testigos Jorge Narváez y Nubia Mahecha, quienes aseguraron que Becerra estaba armado, motivo por el que el patrullero le disparó, aunque este escenario nunca fue real, la funcionaria judicial los absolvió del delito de favorecimiento al homicidio.

La juez destacó que los policías se involucraran en la manipulación de pruebas, que consiguieran testigos falsos que expusieran un supuesto atraco y que hasta colocan estratégicamente el arma en la escena del crimen, todo para realizar y entregar un informe oficial falso.

Jardines de Luz y Paz S.A.S., y presuntas irregularidades contractuales. @bogota.gov.co - Página oficial
Jardines de Luz y Paz S.A.S., y presuntas irregularidades contractuales. @bogota.gov.co - Página oficial

Jardines de Luz y Paz S.A.S., y presuntas irregularidades contractuales

Para el 17 de enero la Uaesp le solicitó a la fiscal 420 de la seccional de Bogotá que adelantara actuaciones legales en contra de integrantes de la sociedad Jardines de Luz y Paz, los cuales estarían involucrados en el supuesto pago de 1.500 millones de pesos en sobornos para la celebración de una concesión de los cementerios de Bogotá.

La solicitud requería tomar medidas cautelares sobre los bienes de los implicados y restricción de la movilidad para que estos no se pudieran desplazar fuera del país. En el comunicado de la Uaesp se menciona que con el requerimiento lo que se espera es proteger los recursos de la entidad y de la ciudadanía en general.

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