Los viajes de Verónica Alcocer al funeral de la reina Isabel II del Reino Unido, a una conferencia de las Naciones Unidas en Estados Unidos y a Japón al funeral de Estado del ex primer ministro Shinzo Abe, han puesto a la primera dama en el centro de la polémica, toda vez que la esposa del presidente de la República no tiene funciones asignadas ni es funcionaria del Estado. Es por esto que el Consejo de Estado, el 25 de abril, admitió una demanda contra el decreto que aceptó y legalizó los viajes al exterior de la primera dama.
Los tres viajes de la primera dama, de los que se reportaron más 60 millones de pesos en viáticos, para el demandante son ajenos a la ley, pues “ninguna norma constitucional y legal le permite al presidente nombrar o designar a su esposa, o comisionarla para viajes al exterior con cargo a recursos públicos”, advirtiendo, además, que no se deberían designar a familiares para este tipo de misiones especiales, ya que hay funcionarios, de carrera, que podrían encargarse de estas.
“Para misiones especiales, el presidente cuenta con la facultad de nombrar a los embajadores y cónsules en el exterior, e incluso existe la figura del vicepresidente, que si es servidor público. Existen miles de servidores nombrados directa o indirectamente por el señor presidente, pero sin que se pueda considerar a sus familiares por estar prohibido”, advierte el demandante.
El accionante también argumenta que los viajes de la primera dama se pueden constituir como un abuso de poder, para cita señala que en el decreto 1894 del 14 de septiembre de 2022, “el presidente comisionó al ministro de relaciones exteriores para asistir en las mismas fechas, (parcial) a los mismos sitios y no presentó informe por escrito de su viaje de dicha comisión, como lo exigió dicho acto”.
“No debe perderse de vista que para misiones especiales o de confianza del señor presidente de la República, cuenta con la facultad de nombrar a los embajadores y cónsules en el exterior, e incluso existe la figura del Vicepresidente, que si es servidor público”, se puede leer en la demanda.
En la demanda también se señala que la decisión del presidente Gustavo Petro “afecta de manera nociva el orden público, económico y moral, por nombrar, designar como embajadora a la esposa del Presidente y ordenar el pago de viáticos y pasajes con cargo a recursos del erario público nacional”. Por lo que pide expone que el nombramiento se debe declarar nulo y con una clara desviación de poder, ya que el nombramiento realizado “no es para el buen servicio público, sino el particular, personal, privado y familiar, concretamente para el beneficio de su esposa”.
Tras admitir la demanda, será la Sección Primera del Consejo de Estado la encargada de analizar los argumentos y determinar la legalidad o no de ese decreto presidencial aprobado.
Vale advertir que según el abogado Daniel Briceño, los viajes a Reino Unido y Japón de la primera dama le costaron a los colombianos cerca de 33 millones de pesos. En Twitter, el abogado dijo que le fueron asignados $32.395.322, según un recibo que publicó, en el que queda registro de que los viáticos fueron categorizados como “viáticos de los funcionarios en comisión”, aduciendo al nombramiento de la primera dama, por decreto presidencial, como Embajadora en Misión Especial.
Estos recursos, según advierte la denuncia de Briceño, provenían del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fonrelaciones, que es el solicitante del dinero para la visita de la primera dama a Reino Unido y a Japón.
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