Gobierno de Gustavo Petro definió su política de defensa y seguridad nacional: estos son los principales puntos

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, presentó este martes 25 de abril la nueva “Política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana”, que le dará la hoja de ruta del Gobierno nacional en esa materia durante los próximos cuatro años. De acuerdo con el Ministerio, el objetivo de este protocolo será “la protección de la vida de todas y todos los habitantes del país, liberando a la sociedad de las violencias generadas por el multicrimen”.

Así mismo, la nueva política tiene cuatro grandes finalidades: proteger la vida de la población, combatir la deforestación y los daños medioambientales, fortalecer la defensa nacional, y mejorar el bienestar de la Fuerza Pública.

Lo más importante que cambia frente a la política de seguridad de la administración de Iván Duque será que se perseguirá a los grandes narcotraficantes en vez de los pequeños cultivadores, a los que se considera el eslabón débil de la cadena. De tal manera que el Gobierno nacional buscará la erradicación voluntaria y concertada a cambio de subsidios; si los cultivadores decidieran no colaborar, se acudiría a la Fuerza Pública. Así mismo, habrá una ofensiva en contra de los precursores químicos.

La nueva estrategia de sustitución voluntaria se pondrá a prueba en cuatro zonas con alta presencia de cultivos ilegales, y según lo dijo el periódico El Tiempo, estas serían los municipios de El Tarra (Norte de Santander), Olaya Herrera (Nariño), Villa Garzón (Putumayo) y Argelia (Cauca). Para tal fin, se destinaron 1,6 billones de pesos que se invertirán en proyectos productivos.

No se ha estipulado todavía un estimado de hectáreas que se piensa sustituir mediante esta estrategia. Pero, sí tiene la meta de erradicar forzosamente 28.000 hectáreas de cultivos de coca en caso de la estrategia de sustitución no sea efectiva.

Las acciones de la Fuerza estarán así más enfocadas en “contrarrestar, principalmente, las economías y rentas ilícitas”, motivo por el cual se va a impulsar la interdicción, es decir, incautaciones de droga, destrucción de laboratorios y la incautación de precursores químicos. Por eso, se estableció una meta de 830 toneladas de cocaína incautadas al año.

Por el momento, entre 1 de enero y el 19 de abril, la Fuerza Pública ha incautado 195.7 toneladas de cocaína y se han decomisado 1′425.939 galones de insumos líquidos y 1′204.410 de insumos sólidos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa.

Otro de los ejes de la nueva política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro será la protección de la población civil sobre el ataque a los grupos criminales. De acuerdo con el documento del Ministerio de Defensa, el verdadero problema no son estos grupos, sino la afectación humanitaria que causan sus disputas por las rentas criminales, como el narcotráfico o la minería ilegal. Por eso, el primer objetivo será lograr un “alivio humanitario” en las regiones, antes que perseguir a los “grupos multicrimen”.

“La política de paz total es el instrumento constitucional, por excelencia, del gobierno Nacional para la protección de la vida y la reducción significativa de las afectaciones humanitarias, y la seguridad es la condición indispensable para el logro de este propósito”, dice el documento.

El gobierno propone en esta materia trabajar con el Ministerio de Ambiente en la búsqueda de acuerdos con los campesinos que suelen deforestar para que se dediquen a la conservación ambiental. “Apoyar, desde las competencias sectoriales (seguridad y defensa), todas aquellas acciones que permitan transformar los núcleos de deforestación en núcleos de desarrollo forestal”, dice la política.

En cuanto a la Minería Ilegal, el Ministerio propone desplegar operaciones conjuntas con la Fuerza Pública en contra de los yacimientos mineros ilícitos y fortalecer las herramientas para atacar las herramientas e insumos con las que se practica.

La nueva política de seguridad propone “revisar los procesos de evaluación para ascensos y cambios de categoría”, así como “avanzar en la eliminación de la obligatoriedad del servicio militar”.

Con estas medidas, se busca que más soldados puedan acceder a la educación para la carrera de oficial y así democratizar las fuerzas. Adicionalmente, se apuesta por la profesionalización del soldado. Todo esto, según dijo el ministro Velásquez, implica darle más equipamiento a la Fuerza Pública para desarrollar sus tareas.

“El Presidente autorizó todo el Conpes 4078″, indicó el jefe de cartera respecto a los requerimientos de armamento militar que necesitan las fuerzas armadas.