El 9 de abril, siete personas fueron detenidas por presuntamente integrar una banda conocida como el “Clan familiar”, acusada de explotar sexualmente a mujeres colombianas jóvenes en Chile. Según informó la Fiscalía General de la Nación, eran reclutadas en “sectores marginales” de Manizales y “con falsas expectativas laborales, las convencían de viajar a Chile para someterlas a tratos inhumanos y explotarlas sexualmente”.
Justamente se conocieron algunos testimonios de las víctimas, recogidos por la Fiscalía y dados a conocer por la Revista Semana, que dan cuenta de los duros momentos por los que tenían que pasar aquellas mujeres en el país austral. “Cuando teníamos la menstruación, Paula y Yolanda, nos decían que teníamos que tener relaciones sexuales con los hombres en ese estado, que debíamos taponarnos y ellas nos enseñaron a hacerlo”, relató una de ellas.
“Nos taponamos con papel higiénico, con gazas y con elementos absorbentes y así teníamos las relaciones sexuales, eso nos generaba más dolor… Nosotras les decíamos que no era justo trabajar así y ellas nos decían que había una deuda que debíamos pagar”, añadió la mujer, que logró escapar de la banda tras un año de estar secuestrada.
Según la investigación de las autoridades colombianas, a las víctimas “les fijaban una deuda que iniciaba en cinco millones de pesos (unos mil dólares)” para los gastos de los tiquetes aéreos. Esa cifra “iba en aumento por los gastos de manutención en territorio extranjero y por concepto de multas que les imponían por no acceder a las pretensiones sexuales”.
Los integrantes de la banda recorrían las calles de la capital caldense en búsqueda de jóvenes entre 18 y 25 años con problemas económicos y que estuvieran dispuestas a sacrificarse por su familia. “Ella me dijo que le enviara unas fotos mías, que ella decidía si servía para el trabajo o no. Después me llamó y me dijo que ya había hablado con su hermana Paula, que ella le había dicho que sí y que me puso una cita en el barrio Cervantes. Allí estaba con un señor del taxi que era como un amigo y me llevaron a sacar el pasaporte”, contó otra de las víctimas.
En Chile, las mujeres eran recogidas en el aeropuerto y trasladadas a las casas donde las explotaban sexualmente, ubicadas en tres ciudades de ese país: Osorno, Puerto Montt y Temuco. “Al parecer, les tramitaban los pasaportes, les proporcionaban los tiquetes aéreos para trasladarlas de Pereira a Bogotá, y posteriormente a Chile, donde les retenían los documentos y las ubicaban en casas de lenocinio en las ciudades de Osorno, Puerto Montt y Temuco”, indicó la Fiscalía.
“Cuando llegaban en condiciones higiénicas deplorables, nos decían échese harto perfume y piense que va a ganar dinero y le va a mandar a su familia, de esta forma debíamos soportar el olor y la falta de aseo de muchos clientes, no podíamos negarnos”, contó una de las víctimas.
Eran obligadas a tomarse fotos desnudas en posiciones sexuales y grabar videos, supuestamente como apoyo a un catálogo virtual. Esas imágenes eran usadas como mecanismo de extorsión en caso de que una de las mujeres escapara o denunciara la situación. “Y que corríamos riesgo nosotras y nuestras familias en Colombia, también que mostraría las fotos y videos por las redes sociales a nuestras familias”, contó otra de ellas.
La Fiscalía obtuvo 350 audios para “detectar el entramado criminal” y en este caso han sido acreditadas 27 víctimas, de las cuales cuatro contaron lo que vivieron. “Indicaron que permanecieron encerradas en inmuebles, hacinadas en una pequeña habitación en medio de precarias condiciones de salubridad que atentaban contra su dignidad personal. En esos mismos recintos habrían sido obligadas a sostener relaciones sexuales con hombres que las contactaban a través de dos sitios web”, añadió la Fiscalía.
De los siete detenidos, que fueron capturados en operaciones en Manizales y Bogotá, cinco personas hacen parte de una misma familia y fueron imputados por distintos delitos “según el posible rol que cumplieron”. Ninguno de los procesados aceptó los cargos y todos “recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad”.
Los detenidos son Beatriz Elena Marín González, Martha Yolanda Marín González, María Lucena González Ríos, Cristian Javier Marín González, Jorge Eliecer García Pineda, William Javier Aguirre Pinilla y Sindy Lorena Cepeda Salinas.