Corte Suprema de Justicia condenó a Iván Moreno a cinco años de prisión por el ‘carrusel de las ambulancias’

El exsenador, además de cumplir la condena, fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 69 meses y 11 días y deberá pagar una multa de $29.577 millones de pesos

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Los magistrados consideraron que Iván
Los magistrados consideraron que Iván Moreno tuvo conocimiento de este comportamiento irregular, por lo que hizo pagos por adelantado para asegurar la licitación del contrato. (COLPRENSA)

La Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador Iván Moreno Rojas a cinco años y siete meses de prisión como autor de los delitos de peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos, por hechos de 2009 relacionados con el denominado ‘carrusel de las ambulancias’ en Bogotá.

En su decisión, la Sala Especial de Primera Instancia también lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 69 meses y 11 días y le impuso una multa de 29.577 millones de pesos, negándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por lo cual continuará privado de su libertad.

Puntualmente, los hechos que juzgó la Corte Suprema de Justicia tienen que ver con una licitación que la Secretaría de Salud del Distrito llevó a cabo en 2009, a través del Fondo Financiero Distrital de Salud, con el fin de contratar el servicio de ambulancias para la capital del país y mejorar la atención en salud en Bogotá.

En el marco de esa licitación, el exsecretario de Salud del Distrito, Héctor Zambrano, suscribió el contrato 1229 del 30 de septiembre de 2009 con la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá (TAM).

En ese contexto, la Corte Suprema determinó que en esa adjudicación intervino el entonces senador Iván Moreno Rojas, quien llegó a un acuerdo ilegal con su hermano Samuel, alcalde mayor de Bogotá para la época, así como con el concejal Hipólito Moreno Gutiérrez, contratistas e intermediarios.

“Todo esto para manipular los pliegos de condiciones de la licitación, los cuales tenían especificaciones detalladas que permitieron direccionar el contrato a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá, un proponente que había sido presentado por el concejal Moreno Gutiérrez”, se lee en la decisión de la Corte.

Según la Corte, ese direccionamiento se dio a cambio del pago de una coima:

“Producto de esta estrategia, que además operó en múltiples contratos del Distrito, se convino que el ganador de la licitación entregaría comisiones dinerarias equivalentes al 9% del monto del contrato, para ser repartidos entre concejales, autoridades del orden Distrital, particulares y los hermanos Moreno Rojas”, señaló la sentencia.

Hay que destacar que estos hechos de corrupción, con la contratación del servicio de ambulancias, ocurrieron en el marco del denominado ‘carrusel de contratos de Bogotá’.

“La conducta punible se concretó en el hecho que Iván Moreno se interesó en la celebración de contratos estatales, privilegiando el interés propio y de particulares por sobre el general que beneficia a la comunidad y debe ser el norte que regenta toda la actividad estatal”, agregó la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido, los magistrados consideraron que Iván Moreno tuvo conocimiento de este comportamiento irregular, por lo que hizo pagos por adelantado para asegurar la licitación del contrato.

El documento en mención hace referencia a la prestación de servicios prehospitalaria para que los operadores se encargaran de la atención, asesoría y traslado de pacientes, un contrato adjudicado por un valor $67.203′690.774 de pesos.

Por último, la Corte Suprema de Justicia enfatizó que:

“Múltiples actuaciones judiciales han esclarecido la manera en que operaba esta red criminal, habiendo sido condenados un sinnúmero de veces, buena parte de ellos por aceptación de sus responsabilidades, dando cuenta de la manera en que obraba un muy organizado aparato delictivo, encabezado por los hermanos Moreno Rojas, quienes como retribución a sus apoyos políticos y de financiación de campañas, otorgaban el manejo de la contratación de entidades del orden distrital, para que se direccionaran sus adjudicaciones hacia los postulantes que aceptaran el pago de coimas, y de esa manera obtener un provecho económico, en desmedro del erario público”.
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