Basurero de una estación de policía fue adaptado como celda para 16 detenidos en Bogotá

La situación de los presos en las estaciones de Policía y en los centros de reclusión transitorios de Bogotá sigue bajo los ojos de la Sala de Seguimiento del Estado de Cosas Inconstitucionales de la Corte Constitucional que, en una visita a la localidad de Engativá, encontraron que en el depósito de la basura de la estación de Policía había 16 personas detenidas. El sitio había sido adaptado con este fin; sin embargo, denunciaron que no cumplía con medidas básicas como buena ventilación.

Magistrados, procuradores y funcionarios de la Personería de Bogotá adelantaron, el 20 de abril, la segunda jornada de visitas a las estaciones de Policía de Bogotá, en esta ocasión les tocó el turno a la de Engativá y de La Candelaria; así como a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda. En la primera visita llegaron a las estaciones de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy. Allí el magistrado Jorge Enrique Ibáñez dijo:

El 14 de febrero, la Personería de Bogotá presentó un informe sobre el estado de las estaciones de las Policía Metropolitana, en el que se advierte que el nivel de hacinamiento del 261%. Las localidades con mayor índice son Suba (198%) y Chapinero (246%). Solo en 2022, el hacinamiento en las estaciones de policía fue del 292%, en los 22 centros transitorios de la ciudad. En algunos casos, se han registrado, por ejemplo, que hay 3.177 personas detenidas en espacios en los que el cupo máximo es para 1.237 personas.

Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, el 28 de enero, se hizo un balance sobre las cárceles distritales, allí dieron a conocer que, en lo que va de la administración de Claudia López, se han invertido $94.000 millones para garantizar una atención digna a los reclusos. En el Centro Especial de Reclusión (CER), la inversión fue de más $22 mil millones entre 2020 y 2022, siendo este el único centro de naturaleza transitoria con un modelo de atención diferenciador, enfocado en facilitar el acceso a servicios de atención psicosocial y médica, oportuna y de calidad.

El 17 de marzo, la Corte Constitucional dejó en firme una decisión de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que en 2020 ordenó al Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) pagar una multa de más de $10.300 millones, a 11 mujeres que durante 2012 y 2013 denunciaron haber estado recluidas en la cárcel El Cunduy, en Florencia (Caquetá), en la que el hacinamiento superaba el 500%.

Las reclusas argumentaron en su demanda que el centro penitenciario no solo no tenía un patio interno, sino que tampoco había un área para que ellas pudieran alimentarse, y que de las tres baterías sanitarias que tenían disponibles, solo dos funcionaban.

La Corte Constitucional señaló que, “en situaciones como estas, donde se evidencien violaciones masivas de derechos humanos, los jueces deberán analizar la causa y examinar si procede flexibilizar el análisis de las reglas en materia probatoria”, motivando así su decisión de dejar en firme la millonaria multa al Estado colombiano.