Los casos de ablación o mutilación genital femenina continúan siendo objeto de seguimiento por parte de los entes de control. El 20 abril la Procuraduría General de la Nación requirió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), por el caso de la de la bebé Embera Chamí víctima de esta práctica.
Puntualmente, el Ministerio Público se refirió al caso de la niña de 15 días de nacida que llego al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, el 4 de abril, debido a una desnutrición severa. Al momento de la revisión, el personal sanitario se percató de que la neonata había sufrido de “amputación traumática de genitales”.
El Ministerio Público subrayó que es obligación del Icbf adelantar espacios de diálogo y sensibilización con las autoridades indígenas, particularmente en el resguardo Gito Dokabu donde se presentó el caso, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Puerto Rico, Risaralda.
El informe solicitado a la directora general, Astrid Cáceres, deberá incluir un reporte sobre todas las gestiones realizadas por en Icbf, en el marco del restablecimiento de los derechos de la bebé de dos años, así como de su madre, que solo tiene 15 años.
“Atendiendo a que la mutilación genital femenina corresponde a una forma de violencia sexual y en cumplimiento de las funciones preventivas y de control, el ICBF deberá reportar al Ministerio Público el número de Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos – PARD, abiertos desde el año 2018 a la fecha por violencia sexual, relacionado con hechos de mutilación genital femenina en niñas y adolescentes”, se explicó en el boletín emitido por la Procuraduría.
El 4 de abril, personal sanitario del Hospital San Jorge reportaron la situación, al respecto el gerente del Hospital afirmó:
“En este momento, la menor está en la unidad de cuidados neonatales: presenta un diagnóstico de desnutrición y una infección vaginal. Al hacerle la revisión a la bebé, se encuentra que hay una manipulación de sus genitales”.
El caso escaló y la Gobernación de Risaralda se pronunció al respecto. Por medio de un comunicado con fecha del 16 de abril, las autoridades departamentales solicitaron acompañamiento y articulación a la Defensoría del Pueblo, al Icbf, a la Procuraduría y a la Asamblea Departamental.
El más reciente reporte de la Gobernación, publicado en la tarde del 15 de abril, informó que el Icbf acogió la solicitud, y que se apersonaría del caso, proceso del cual deberá dar cuenta a la Procuraduría.
“El día de ayer la Gobernación de Risaralda hizo el llamado al Icbf, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Asamblea departamental. En la noche de ayer (14 de abril), el Icbf hizo la comunicación con el señor gobernador para la activación de la ruta fucsia”, informó Elizabeth Diosa, secretaría de Mujer, Género y Familia del departamento de Risaralda.
La Ruta Fucsia consistiría en la activación del trabajo conjunto entre instituciones de salud, el Icbf y la Fiscalía General de la Nación (Protección, salud y justicia). Se explicó que en el caso de la niña indígena las autoridades sospechan que no solo se trataría de la ablación, sino también de abuso sexual.
Es pertinente recordar que la práctica de la ablación se registra en 30 países del mundo, siendo Colombia es el único país latinoamericano. Es realizada por parte de algunos miembros de la Embera Chamí, que consideran que esta mutilación evita el alargamiento del clítoris como un pene, la infidelidad y otros comportamientos sexuales, mitos que deben ser desmontados en procesos de diálogo, pues el país se ha propuesto erradicar la mutilación genital femenina, según explica el Ministerio de Salud.
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