En la tarde del miércoles 19 de abril fue presentado en Medellín el informe “Yo no quiero esto para mi vida”, en el que se expone la situación de derechos LGBT víctimas de la trata en los departamentos de Antioquía, Santander y Norte de Santander. El documento reveló que los principales fines de este delito son la explotación sexual y los trabajos forzados.
El texto fue realizado por la organización Caribe Afirmativo, su propósito es el de subsanar los vacíos en la información sobre este fenómeno en las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (Osigd) en el país.
El documento subraya que las principales víctimas de este flagelo son migrantes venezolanos, quienes deben enfrentar prejuicios xenófobos, clasistas, así como los prejuicios sociales asociados a las personas LGBTIQ+ en Colombia.
Los escenarios de exclusión a los cuales se enfrentan estas personas cuenta con seis particularidades: la inexistencia de redes de apoyo; la exclusión social; la normalización de la trata por parte de las víctimas, las comunidades receptoras y organismos de gobierno; la ausencia de control estatal; la presencia de actores armados ilegales y la criminalización de sus existencias.
“Un patrón compartido de las víctimas es la persistencia de la marginalización social como experiencia sistemática marcada por el empobrecimiento, la violencia por prejuicio, la alta presencia de actores armados ilegales y agentes de fuerza pública en sus territorios habitados, el precario tejido social, la sensación de ausencia del Estado, la criminalización de su existencia, además de la xenofobia y la inexistencia de redes de apoyo para población migrante venezolana” se expone en el documento.
La mayoría de las víctimas son mujeres trans y hombres gais de origen venezolano, que realizaron el proceso de migración solos, sin la presencia de redes de apoyo, lo cual les expuso a mayores niveles de riesgo.
Entre las amenazas que enfrentan se encuentra, la soledad, la imposibilidad de no detectar amenazas, falsas promesas de oportunidades, abandono y captación, en muchas ocasiones provocada por otras víctimas que buscan solucionar las violencias que sufren.
“Yo llegué ahí por una amiga que me hizo la maldad, ella salió de ahí porque le hizo una meta al hombre: él le dijo “usted me hace una meta y usted se puede ir de aquí. Duré casi seis meses sin poder ver a mi mamá ni a mi papá, sin poder comunicarme con nadie porque nos quitaba el teléfono, nos quitaba todo” declaró una mujer trans víctima para los investigadores.
Todas las personas entrevistadas aseguraron que habían vivido periodos de pobreza prolongados, además de que gran parte de los captadores de redes de explotación sexual eran cercanos a las víctimas y sus familias. Uno de los puntos más críticos del informe es la naturalización de las experiencias de los sobrevivientes, pues muchos afirmaron que no podían aspirar a más, al ser migrantes y LGBT.
“Es que hay algo muy particular y más en las mujeres trans y es que ellas no se reconocen como víctimas. Lamentablemente por las situaciones en las que ellas viven, asumen que le corresponde eso, por el tema de las necesidades, de ganarse tres pesos, aceptan que las maltraten, no solo psicológicamente sino hasta físicamente. Entonces, ya ellas asumen que eso les corresponde a ellas y más por el ejercicio de webcam” explicó una líder trans de Cúcuta.
Parte de las conclusiones del documento incluyen: el reconocimiento de la trata de personas como un crimen que atraviesa múltiples variables sociales, la falta de acción de las autoridades (pues en muchos casos los victimarios actúan a pesar del conocimiento de la fuerza pública) y el desconocimiento de las autoridades para atender y abordar este tipo de situaciones.
A continuación, puede conocer la totalidad del documento: