Información revelada por la revista Semana destaca que esta semana se sumó un nuevo bache en el proceso del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, quien ha estado en la mira de la justicia colombiana por la que habría sido su participación en los hechos violentos que rondaron a la toma del Palacio de Justicia en noviembre del año 1985. Según conoció el medio de comunicación citado, está en manos del ministro de Justicia, Néstor Osuna, resolver si se le quitan o no las medallas otorgadas al uniformado para conmemorar su labor dentro de la fuerza. ¿Por qué?
Helena Urán, quien es hija del magistrado desparecido magistrado Carlos Horacio Urán, ha alegado, durante años, que es necesario quitarle los reconocimientos a Arias Cabrales, pues, según ha descubierto ella, su padre no falleció en medio del fuego cruzado como le habían dicho, sino que, por el contrario, murió luego de ser torturado luego de ser sacado vivo del Palacio. Al general, es de destacar, se le acusa de la desaparición de personas en medio de aquella coyuntura.
En 2011, de hecho, se le condenó a 35 años de cárcel tras ser acusado por la desaparición forzada de once de las víctimas. En el 2015, aunque el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la pena en su contra, se aseguró que los desaparecidos a su nombre eran menos, es decir, cinco. “En el fallo dicen textualmente que no hay ninguna prueba en mi contra, y sin embargo, me condenan a 35 años”, comentó, en su momento, en una entrevista otorgada a Semana.
Luego de aquella decisión, el uniformado acudió a la Corte Suprema de Justicia, pues siempre ha manifestado ser inocente de los cargos que hay en su contra. Ese ente concluyó, en primera instancia, que “la operación militar no tuvo tregua y menos reparo sobre la vida de los magistrados, empleados y ciudadanos y de los guerrilleros vencidos en esa infausta acción terrorista que nunca ha debido ocurrir”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de hecho, condenó al país por este acontecimiento.
El más reciente acontecimiento que recayó sobre el caso Arias Cabrales fue la decisión de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) de expulsarlo de sus listados. Esto ocurrió en marzo bajo el argumento de que el retirado general, aunque lo prometió, no había realizado aportes concretos o valiosos sobre lo ocurrido dentro y fuera del Palacio. La JEP, entonces, lo dejó a disposición del juzgado 15 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá.
“El general (r) Arias desconoció la razón de ser de la construcción de la verdad en la JEP (...) negó un hecho indiscutible, como lo fue el control que ejerció sobre los comandantes de las unidades de la XIII Brigada a su cargo, así como de otras unidades tácticas y de inteligencia desplegadas el 6 y el 7 de noviembre de 1985 (...) pasó por alto que la justicia ordinaria ya lo condenó como coautor de la conducta de desaparición forzada, pues su “aporte fue esencial y definitivo a la ejecución del comportamiento”, se lee en la decisión que lo dejó por fuera del tribunal de Justicia Especial.
Según la resolución, Arias no entregó información que permitiera conocer el lugar al que fueron llevadas las víctimas y sus restos. Tampoco dio detalles para entender las circunstancias de lo ocurrido en la operación de retoma del Palacio. Según ha argumentado, se le ha acusado durante años, no por su responsabilidad en los hechos, sino por su omisión sobre los mismos. “Suponen que yo como comandante de la brigada debería estar al tanto de todas las comunicaciones”, ha dicho ante la prensa nacional.