JEP le negó la libertad condicional al exgobernador de Sucre, Salvador Arana

De acuerdo con el tribunal de paz, el confeso asesino de Eudaldo Díaz, excalcalde de El Roble (Sucre) no ha cumplido con todos los aportes de verdad requeridos por las víctimas

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El aliado paramilitar fue condenado a 20 años de prisión por la corte Suprema de Justicia.
Archivo.
El aliado paramilitar fue condenado a 20 años de prisión por la corte Suprema de Justicia. Archivo.

En la tarde del martes 18 de abril la Jurisdicción Especial para la Paz dio a conocer la negativa a la solicitud hecha por el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, quien actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 40 años por ordenar el asesinato del exalcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, y por nexos con grupos paramilitares.

El confeso asesino del exmandatario local expuso como argumento para el otorgamiento de dicha medida que ya había cumplido los requisitos correspondientes al cumplimiento de dicha condena interpuesta por la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, el tribunal denegó dicha petición y explicó que, si bien el condenado cumple con buena parte de los requerimientos, no satisface de ello la verdad que buscan las víctimas, pues aún falta que se conozca la declaración que entregará en la audiencia programada para el martes 25 de abril. En ese sentido, el tribunal transicional no puede revisar de lleno todos los aportes de Arana.

Esta no es la primera vez que el exmandatario tiene trabas en medio de su sometimiento ante la JEP. En noviembre de 2021, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas había decretado la suspensión de la diligencia dialógica de aporte temprano a la verdad.

La razón se centró en que un grupo de representantes de víctimas solicitó aplazar la diligencia judicial debido a que consideraban que había una nulidad sobreviniente, como consecuencia de una posible vulneración a sus derechos. En junio de ese año, la JEP había aceptado su solicitud de sometimiento por el homicidio de Álvaro Meriño Herazo, un habitante del municipio Sampués que fue sacado de su vivienda y asesinado por paramilitares.

La propiedad de Arana donde habría fosas comunes

De acuerdo con una denuncia publicada por familiares de Eudaldo Díaz, dicha propiedad sería la finca Las Flores, ubicada entre Sincelejo y Sampués, en Sucre. Allí se habría levantado un campamento paramilitar perteneciente al Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC—. De hecho, en ese predio había sido retenido Díaz, antes de su asesinato.

De igual manera, indicaron que la ampliación de dicha denuncia la harán en medio de las audiencias que realizará la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— el lunes 24 y martes 25 de abril y en la cual tendrá que comparecer Arana. Así mismo, pedirán ante este tribunal que se decreten medidas cautelares sobre ese predio.

Concretamente, la denuncia que fue entregada por familiares de Díaz a Infobae Colombia, detalló que testigos afirmaron que Díaz fue retenido “en una mazmorra debajo de una alberca, un hueco húmedo y con rejas”. En ese mismo espacio también tuvieron secuestrado con fines extorsivos a un importante ganadero de ese departamento. Una parte de esa finca estaba a nombre del cuñado de Arana, Said Isaac Tatis, pero el exgobernador terminó comprando esa parte a él y a los otros hermanos de su esposa.

El pronunciamiento también advirtió que no es nuevo el conocimiento de las presuntas fosas, pero que los familiares de ‘Tito’ Díaz no denunciaron antes por falta de garantías estatales para las investigaciones correspondientes. De igual manera, mencionaron que dichas afirmaciones pudieron alertar “a los señalados paracriminales y que tuvieran oportunidad de desaparecer los restos y retirar los cuerpos”.

Incluso, los familiares del otrora alcalde de El Roble aseveraron que en ese predio se están realizando proyectos urbanísticos y en ese sentido, las víctimas que estarían enterradas en esos terrenos no podrían ser halladas por sus seres queridos.

“La verdad también será enterrada”, aseguraron los denunciantes ante el riesgo de que los cuerpos en esas fosas comunes terminen sepultados por el proyecto urbanístico que se está construyendo sobre la finca Las Flores.
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