En Cartagena revocaron licitación para mejoramiento de vías por más de $20 mil milllones: Exalcaldesa será investigada por la Procuraduría

A través de un comunicado emitido el 18 de abril de 2023, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de un proceso investigativo que será aplicado a la exalcaldesa de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris, quien estaría implicada en contratación de obras por más de 20 mil millones de pesos.

Según comunicó el Ministerio Público, la exalcaldesa le formuló un pliego de cargos a la exfuncionaria del Distrito de Cartagena de Indias por haber revocado una licitación de manera irregular, la cual iría destinada al proyecto de obras públicas que se desarrollaba con convenio interadministrativo y en ello, habría hecho entrega del proyecto a la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S.A. (Edurbe S.A).

De esta manera, se conoció que los hechos por los que se iniciará la indagación corresponden al Convenio Interadministrativo 002 de 2018 que habría sido firmado por la empresa Edurbe con un valor total de $21.161.458.465, recursos que se proyectaban para el proceso de construcción y rehabilitación de vías en la ciudad, así como interventoría, técnica, financiera y administrativa.

La Procuraduría también recordó que la investigación tenía lugar desde el 20 de abril del año 2018, donde la exfuncionaria revocó la licitación y donde omitió justificar las razones por las que habría tomado la decisión. Por ello, ante todo el proceso, señaló que la acción fue calificada de manera provisional como “... falta gravísima cometida a título de culpa gravísima”.

Se conoció que inicialmente argumentó con base en la ausencia de ofertas, “... pese a que, para esa fecha el término para recibir propuestas todavía estaba vigente y culminaba en forma posterior a la fecha de la revocatoria, esto es, el 24 de abril”, explicó el documento.

El Ministerio también mencionó que Baldiris ignoró: “... las causales de revocatoria de los actos administrativos, por lo que podría haber utilizado una falsa motivación para respaldar la decisión tomada y el abandono del proceso”.

El inicio de la investigación contra la exfuncionaria se desarrolla luego de revisar el material probatorio en el que se evidenció que existió un interés de participación de personas tanto naturales como jurídicas en el proceso que tenía en marcha la licitación pública y que, finalmente, fue revocada.

De hecho, se habrían registrado más de 12 personas involucradas en el proceso, quienes además también habrían presentado observaciones en torno al proyecto y también al pliego definitivo que establecía las condiciones.

La Procuraduría mencionó que: “... la oportunidad de participar fue recortada e interrumpida. Por lo tanto, la falta de presentación de ofertas no puede verse como una motivación para fundamentar la decisión de revocatoria del proceso licitatorio”.

A esto se suma, según indicó el Ministerio, un argumento de la exalcaldesa para “... dejar sin efectos la licitación”, en torno a la necesidad de contar con garantías para el principio de publicidad y en ello, la “pluralidad de oferentes”, que, no se habría otorgado.

Esto, además, habría omitido que se trataba de una licitación de carácter público, siendo esta la modalidad de la contratación determinada con el fin de realizar y llevar a término “... la multiplicidad de proponentes y la escogencia de la oferta más favorable”.

Sin embargo, finalmente, la Procuraduría determinó que el proyecto objeto de la licitación revocada fue proporcionado por la exalcaldesa a través del convenio interadministrativo con el fin de que fuera puesto en funcionamiento por la empresa Edurbe, la cual también se encargaría de la administración de esta.

La Procuraduría también informó que se formuló un pliego de cargos en contra de Rodolfo Vidal Astaiza, exalcalde de El Dovio, en el Valle del Cauca, debido a presuntas irregularidades en el proceso de convocatoria del Concejo donde se planeaba discutir sobre un proyecto en defensa del patrimonio cultural y ecológico de ese municipio.

De acuerdo con la información entregada la Provincial de Instrucción de Cartago, el exfuncionario, presuntamente, omitió garantizar la realización de sesiones extraordinarias donde los miembros de la corporación debían señalar si rechazaban o tomaban las observaciones a las normas legales.

De este modo, el Ministerio Público señaló que el exfuncionario: “... pudo incurrir en incumplimiento de su deber funcional al vulnerar el principio de moralidad, ya que su presunta actuación posiblemente afectó el cumplimiento de los fines del Estado y el interés general”.