Así transcurrió el debate sobre implementación del Acuerdo de Paz: “¿Cómo está protegiendo el actual gobierno a los firmantes de la paz?”

Citando el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU, el senador Iván Cepeda dio inicio al debate de control político al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc y la prioridad que esto tiene dentro de la política de Paz Total del Gobierno nacional.

El también presidente de la Comisión de Paz del Senado ahondó sobre las falencias que tuvo la puesta en marcha del documento durante el gobierno de Iván Duque; por ejemplo, señaló que en los últimos años surgieron varias estructuras armadas (como las residuales o disidencias), en tanto que otras ya existentes se reforzaron. En el caso del ELN, Cepeda indicó que pasó de tener 2.900 integrantes a 5.800.

Al respecto, expresó que la administración anterior “no implementó el Acuerdo de Paz de la manera en que debió hacerlo y, en cambio, sustituyó esa implementación por una política que llamó de ‘Paz con legalidad‘ en la cual se simulaba la implementación del Acuerdo y, como sabemos, se creaban instituciones paralelas a las previstas y contenidas en el Acuerdo”, expuso.

En ese sentido, también anotó que el gobierno actual recibió la implementación de los seis puntos pactados en la capital de Cuba “con serios problemas” a los cuales se suma una desfinanciación y plena presencia estatal en los municipios donde se llevan a cabo proyectos productivos y en los cuales viven excombatientes en proceso de reincorporación y sus familias.

Durante su intervención, Cepeda Castro le hizo cinco cuestionamientos concretos al actual gobierno: si está desarrollando una política integral que permita tener más avances que en los gobiernos anteriores; la forma en que la institucionalidad protege a los firmantes de la paz; el esclarecimiento de los asesinatos de excombatientes de las antiguas Farc, el “entrampamiento contra la paz” y la corrupción alrededor de la financiación; la relación del cumplimiento del documento refrendado en 2016 con los demás procesos de diálogo que adelanta la administración Petro, y cómo está involucrada la Paz Total con el Acuerdo Final.

El alto comisionado expuso en el debate que gracias a la firma de lo pactado en La Habana en el Teatro Colón de Bogotá, la política de paz del Gobierno nacional es una realidad; de hecho, precisó que esta acogió el volumen de Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad sobre el hecho de que se debe dialogar con los múltiples actores armados.

También explicó que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –Pdet– han conducido al reconocimiento de los territorios de “una conflictividad armada que hoy persiste”. Explicó que cuando Gustavo Petro asumió como presidente de la República, la oficina del alto comisionado para la Paz recibió un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja en el cual este organismo advirtió la presencia de seis conflictos armados en el país.

“En el momento de suscripción del Acuerdo de Paz, el 16 de noviembre de 2016, solo eran identificados tres; eso quiere decir que se multiplicaron. Ese reciclaje de la violencia obedeció a los incumplimientos iniciales del Acuerdo”, sostuvo Rueda. Además, dijo que como avance del actual gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 incluyó la implementación del Acuerdo final y la asignación de 13 billones de pesos para la puesta en marcha de los seis puntos.

Sobre la eliminación de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, Rueda indicó que le había hecho, junto con otros funcionarios, una serie de propuestas al director del Dapre a la espera de llegar a consensos. Vale mencionar que, en diálogo con Infobae Colombia, la directora de la Unidad de Implementación, Gloria Cuartas, señaló sus críticas a la eliminación de dicha dependencia.

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia –Dapre–, Mauricio Lizcano, aclaró que el cumplimiento del Acuerdo Final de 2016 va de la mano con los procesos de paz que haga el actual gobierno con otros grupos armados ilegales. En cambio, Julián Gallo, del partido Comunes, mostró su preocupación con la oposición a la creación de una Corte Agraria, contemplada dentro del proyecto de ley de Jurisdicción Rural. Pese a eso, aplaudió la gestión actual del Ejecutivo sobre el cumplimiento del primer punto del Acuerdo Final: la Reforma Rural Integral.