La venta de las acciones de Empresas Públicas de Medellín en la empres UNE no termina por desenredarse y pasará a ser investigada por la Procuraduría. El órgano de control abrió una indagación previa para establecer si concejales han buscado impedir que se realice el negocio.
Hasta el momento no se han establecido los funcionarios que serían investigados por el Ministerio Público, pero harán parte de las indagaciones por presuntas irregularidades que se han denunciado en aprobación de proyectos tramitados por esa corporación a propósito de la venta.
“El ente de control indaga si 10 concejales y un exconcejal habrían negado la viabilidad a los citados proyectos, según lo indicó el precandidato a la gobernación de Antioquia, Esteban Restrepo, en una nota periodística titulada “Concejales de Medellín fueron denunciados por ser los presuntos responsables de la pérdida de más de $1 billón de EPM”, pese a que la junta directiva de dicha entidad había autorizado iniciar el proceso de enajenación desde mayo de 2021″, sostuvo el ente disciplinario.
El exsecretario de Gobierno asegura que el llamado “pacto de Chuscalito” que conformaron concejales de Centro Democrático y ‘fajardistas’ hundieron cuatro veces el proyecto de acuerdo para enajenar las acciones durante el año de 2022, que produjo duras críticas del alcalde Daniel Quintero.
“Con todos los elementos técnicos, financieros, estratégicos, presentados por los profesionales de Empresas Públicas de Medellín con los que cualquier persona del mundo empresarial se daría cuenta que lo que existe es una posición del socio bobo de EPM en UNE, aún así los concejales decidieron no avanzar en la recuperación del patrimonio público”, señaló Restrepo.
Según el exsecretario de Gobierno de Medellín y denunciante, la empresa que conformaron UNE y la multinacional Milicom ha producido únicamente pérdidas por hasta 1.4 billones de pesos en los últimos tres años. Restrepo señaló que EPM anunció que no podía transferir 330.000 millones a la ciudad por las pérdidas de la compañía durante el año pasado. Dineros que servirían para inversión social.
En el año 2015 se fusionó EPM-UNE con la multinacional tecnológica Milicom por aprobación de los concejales de la época. Ese negocio dejó, según Restrepo, la empresa tecnológica con la mayoría accionaria en Medellín, pero la administración en los privados.
El negocio quedó establecido con una cláusula para que diez años después EPM pudiera revisar los resultados y en dado caso retirarse, con aprobación del Concejo. Sin embargo, aunque el alcalde Daniel Quintero ha intentado vender las acciones, no ha logrado las mayorías para que sea aprobado el proyecto.
Esas decisiones estarían generando un presunto detrimento patrimonial por el que Restrepo decidió denunciar ante la Procuraduría General de la Nación. Así mismo, por omisión de lo que considera recomendaciones de expertos internacionales que han generado que EPM reduzca sus utilidades.
“Los concejales de Chuscalito han dicho que su desconfianza, presuntamente basada en hechos de corrupción de los que no existe ningún fallo en firme de algún órgano de control, es suficiente para que la ciudad siga perdiendo plata. Solo porque a los concejales les resulta políticamente inconveniente que esos recursos sean ejecutados en un gobierno que no responde a sus intereses, es mejor que se pierda la plata a que se invierta en la ciudad”, señaló Restrepo.
El Ministerio Público adelantará práctica de pruebas con las que establecerá quiénes son los presuntos responsables de faltas disciplinarias y los posibles hechos correspondientes. Restrepo celebró la apertura de la investigación y señaló que espera que la Contraloría General de la República avance en un proceso similar para que se investigue si las decisiones políticas han producido, como señala, detrimento patrimonial a la ciudad.