La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación sobre posibles irregularidades en contrato millonario que entregó a dedo la Administración de Bello, Antioquia, para el censo de vendedores ambulantes del municipio, pero que, en realidad, sería para respaldar económicamente una campaña política.
El contrato se relaciona a Daniela Ortega, entonces secretaria de Seguridad del municipio, quien firmó antes de salir de su cargo con la Fundación Conectividad Social por más de 189 millones de pesos para realizarse en un corto periodo de tres meses. Este convenio se denunció ante el ente investigador que inició una investigación para comprobar las posibles irregularidades como la idoneidad de la contratista que contaría con poca experiencia.
Cabe mencionar que la Fundación no cuenta con mucha información en el portal web, ni en redes sociales, es una organización sin ánimo de lucro que tiene como dirección postal la Calle 49 E 83 A 196 T3 1509, se ubica en Medellín, capital de Antioquia. La entidad se dedica a trabajar en asociación. La última actualización de los datos de la empresa Fundación Conectividad Social se hizo el 16 de abril de 2023.
Para tener en cuenta
En un documento del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía se hizo el requerimiento ante la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía de Bello para que entreguen resolución de nombramiento, actas de posesión, hoja de vida, manual de funcionales y datos actualizados de localización de la exsecretaria Ortega.
La documentación del contrato tiene como propósito censar al número de vendedores ambulantes que existen: edades, estratos y ubicaciones. Un contrato que se pagó, inclusive, mucho antes de ser terminado y ya liquidado, a pesar de que desde la Alcaldía se respondió que aún no lo estaba.
Respecto al proceso adelantado
La denuncia se interpuso en un primer momento por parte de Juan Sebastián Montoya, antiguo inspector de Policía de Bello, quien se encargó de entregar documentación y varios elementos que daban cuenta de las irregularidades como que la fundación es de papel sin experiencia para hacer este tipo de censos, además de que no se cumplió con el objeto y se entregaron soportes falsos para las cuentas de cobro, como datos de vendedores ambulantes que no existirían.
El exfuncionario mencionó en entrevista con Blu Radio: “Al parecer, son unos vendedores ambulantes fantasmas que colocaron en las cuentas de cobro como si los hubieran caracterizado cuando en realidad no se han caracterizado. Y ellos siguen en un descontrol total en el espacio público con los vendedores ambulantes”.
El denunciante mencionó ante el medio anteriormente citado que la representante legal de la fundación es la señora, Liliana María Restrepo, quien tendría nexos con el alcalde Óscar Andrés Pérez y la entonces secretaria Ortega, además de que prestaría su nombre para la firma de esos contratos que sus recursos irían a una campaña política.
El exinspector comentó que esta representante legal es la que presta su nombre para que se creen empresas fachadas para firmar contratos indirectos con la Alcaldía de Bello, y de esta manera en cabeza de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía, Daniela Ortega, se estaría recogiendo dinero para la campaña electoral.
Réplica por parte de los implicados
Cabe mencionar que desde la Administración de Bello se respondieron las solicitudes de la Fiscalía General, el 17 de marzo en la investigación que se adelanta ante el ente de control, en su respuesta aseguraron que el contrato se firmó con los requisitos legales y que se dio cumplimiento a las obligaciones contractuales de las partes.
Ahora, el ente, es el encargado de determinar si existieron o no irregularidades en el proceso, y en el caso de que la respuesta sea positiva se debe establecer a donde fueron conducidos los recursos públicos.