Las autoridades informaron el jueves 13 de abril que desinstalaron 30 trampas vietnamitas, las cuales están compuestas por estacas puntiagudas impregnadas en algunos casos con ácido y en otros con excremento, que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en zona rural del departamento de Arauca, al parecer, para atentar contra la Fuerza Pública.
La fuerza militar detalló que, las también llamadas trampas por gravedad o Ardies, habían sido puestas por ese grupo en la vereda San Pedro, en el municipio de Fortul, en el occidente de ese departamento fronterizo con Venezuela.
Este tipo de artefactos son camuflados con maleza o paja y enterrados a una profundidad de dos metros para que solo quede por fuera la parte puntiaguda.
“La sola punzada de un artefacto de estos produce gangrena”, aseguró en un comunicado de prensa la Fuerza de Tarea Quirón de la Octava División del Ejército.
“De acuerdo a la información suministrada por inteligencia militar, las trampas vietnamitas habrían sido instaladas por el grupo armado organizando ELN, Frente de Guerra Oriental, cerca de los lugares que usan los soldados para su avance operacional (sic)”, señalaron.
Desde la fuerza militar indicaron también que el uso de este tipo de dispositivos representa una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por lo que pondrán en conocimiento de las autoridades judiciales.
“El Ejército Nacional instaurará las denuncias correspondientes, y deja un precedente por el empleo de medios y métodos ilícitos de guerra de los integrantes de los GAO (Grupos Armados Organizados) en los campos y veredas del departamento, con el único objetivo de causar graves daños a la población civil o a los soldados, atentando de esta manera contra los derechos humanos e infringiendo las disposiciones establecidas en el derecho internacional humanitario”, explicaron en esa institución.
Arauca se ha convertido en los últimos años en el principal fortín del ELN, sin embargo, en la zona también hay presencia de algunas de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC con las que se disputan las rentas ilegales que pululan en la región, como el narcotráfico y el tráfico de migrantes.
En su búsqueda de la paz total en Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció el pasado 31 de diciembre un cese el fuego por seis meses con el ELN, el Estado Mayor Central de las FARC, la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los paramilitares de la Sierra Nevada, pero días después los insurgentes señalaron que no se sumaban a ese pacto porque fue anunciado sin haber sido acordado en la mesa de negociación.
De hecho, el mismo equipo negociador del gobierno Nacional reconoció que ese proceso está en crisis a raíz de un atentado que perpetraron los guerrilleros en la madrugada del miércoles 29 de marzo en contra de una base militar del corregimiento de Guamalito del municipio de El Carmen (Norte de Santander), que dejó un saldo mortal de 10 uniformados muertos, de los cuales ocho eran jóvenes que estaban prestando su servicio militar obligatorio.
“Hoy la negociación tiene un traspié y una situación de crisis. Hoy hemos compartido con el señor presidente Gustavo Petro y con todos los que forman parte de esta mesa de diálogo el mensaje múltiple de muchas comunidades en distintos territorios donde el ELN opera, un mensaje de solidaridad con los soldados que han caído”, expresó el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en una rueda de prensa que se realizó el 31 de marzo.
Seguido el funcionario dio un ultimátum a los representantes del grupo subversivo que dialoga con la delegación de paz del gobierno Nacional para que definan si realmente abandonaran la violencia.
“Un mensaje perentorio para que el ELN actúe en consecuencia con sus propósitos e ideales políticos, nada justifica con cese (al fuego), o sin cese, este tipo de situaciones que generan desesperanza en la sociedad colombiana, pero que en particular afectan a los pobladores de todos los territorios que están hastiados de la violencia”, afirmó Rueda.
(Con información de EFE)