A través de una carta emitida el jueves 13 de abril, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura manifestaron sus reparos a la creación de una Corte Agraria, propuesta hecha por el Gobierno nacional en el marco del proyecto de ley que pone en marcha la jurisdicción agraria.
Al respecto, la misiva enviada a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, precisa que esa iniciativa que se discute sobre el tema de tierras debe centrarse en la creación de cargos para magistrados y jueces rurales.
“Esta es la única forma de dotar de elementos materiales y herramientas jurídicas reales mediante los cuales se cristalice y garantice el funcionamiento de la verdadera Jurisdicción Agraria y Rural requerida por la mayoría de los habitantes de la mayor parte del territorio nacional azotados por la violencia y la problemática de la tierra”, expusieron los presidentes de los órganos judiciales.
De igual manera, afirmaron que es apremiante la aprobación de ese proyecto de ley como parte de la implementación del punto 1 —Reforma Rural Integral— del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc; por ello, enfatizaron que en manos del Congreso está si esa iniciativa impulsada por la administración Petro, tiene luz verde para su posterior sanción.
Sin embargo, dijeron que debe suprimirse la Corte Agraria y Rural y que, en cambio, la competencia de la jurisdicción rural pase a manos de la Corte Suprema. Dicha atribución, según el pronunciamiento, “la entendemos como fuente normal que modifique las competencias actualmente atribuidas al Consejo de Estado, según la normativa antes referida, circunstancia que explica nuestra solicitud de supresión del artículo 4 del proyecto de acto legislativo”.
Ministro de Justicia insistió en que se debe aprobar el proyecto de ley de Jurisdicción Rural y la Corte Agraria
Néstor Osuna, jefe de la cartera de Justicia y el derecho, expuso también ante la Comisión Primera de la Cámara que esa iniciativa “responde a la sentida necesidad de justicia expresada por parte de la población colombiana, en su mayoría campesinos pobres, quienes no se sienten bien atendidos por la justicia”. En ese orden, impulsó la creación de esa nueva corte.
Expuso que para los procesos de primera instancia se debe contar con un número nutrido de jueces en los territorios que nunca han tenido contacto con el aparato judicial. Por ello, tanto la jurisdicción como la Corte permitirían realizar procesos ágiles y ligeros, pero efectivo en los fallos.
“En Colombia los pleitos de tierras históricamente se han resuelto a bala. El Acuerdo de Paz nos lo puso de precedente y nos señaló esta ruta: la creación de una jurisdicción agraria con todas sus letras en mayúscula es una apuesta de paz para resolver, por fin, de un modo civilizado, razonable y con justicia, esos conflictos que tienen tanta sangre, dolor y muertos detrás”, anotó el ministro Osuna.
El alto funcionario también detalló que la creación de la Corte Agraria permite que los procesos relacionados con la tierra en Colombia no se dividan en diferentes instancias, sino que sean tomados solamente por ese tribunal para que esos procesos sean fallados en el menor tiempo posible.
Bajo ese panorama, reafirmó la intención del gobierno en apoyar ese proyecto de acto legislativo y dio a conocer que, tras una comunicación con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, espera que la próxima semana esté listo el concepto fiscal, y si bien dijo que en términos fiscales habría un alto impacto, expresó que es por el bien del cumplimiento del Acuerdo Final de Paz y esos efectos reales se verán cuando se analice la ley estatutaria que desarrolle esa jurisdicción.