El abogado Jaime Lombana interpuso denuncia penal en contra del Grupo Sura por presunta falsedad en documento privado

El abogado Jaime Lombana entabló una denuncia penal por presunta falsedad en documento privado en contra del Grupo Sura por los acuerdos que suscribió con Grupo Bolívar, Munich RE y Cdpq, por supuestamente haber divulgado de forma incompleta la situación de sus estados financieros.

Aquella denuncia fue conocida por el diario La República, en la que el abogado aseguró que las obligaciones surgidas de los instrumentos contractuales de la compañía antioqueña no se evidenciaron explícitamente en los estados financieros.

Grupo Sura había informado el 17 de febrero pasado, por medio de Información Relevante de la Superintendencia Financiera, que “la investigación forense confirma inexistencia de fraude contable en Grupo Sura en sus acuerdos con coinversionistas”. Pero, la auditoría, consultoría y asesoría legal y tributaria Pricewaterhouse Coopers (PwC) dijo que los efectos potenciales de los contratos se debieron divulgar en las notas de los estados financieros.

La firma Kroll Associates también estaba investigando los contratos con antelación, y aunque determinó que no hubo fraude contable en los acuerdos realizados por el Grupo Sura con coinversionistas, Lombana señaló en su denuncia que hubo fraude de por medio al no haber difundido los acuerdos.

Kroll inició su investigación por una queja presentada por Jaime Gilinski, el mayor accionista del Grupo Sura, con 38% de participación accionaria, quien en ese momento solicitó una asamblea extraordinaria para que se entregaran explicaciones acerca de los hallazgos en los estados financieros de la compañía.

En estos se evidenciaron la existencia de “tres acuerdos complejos” con socios minoritarios en sus filiales, según la carta que Gilinski le envió a Ernst & Young, revisor fiscal del Grupo, que podrían causar billonarios pasivos. Justamente, son con Munich RE, Caisse De Dépôt Et Placement Du Québec y con Grupo Bolívar.

Según lo dicho por la sociedad, los investigadores de Kroll revisaron contratos suscritos con coinversionistas durante los últimos 12 años, analizaron correos electrónicos y entrevistaron a empleados y exempleados para obtener los resultados.

Este martes, en Medellín se desarrolló la Asamblea de Accionistas de Grupo Nutresa, con la que se pretendía elegir a una nueva Junta Directiva. Luego del debate, y con un cuórum de 95,26%, 436.055.658 acciones, quedó conformada de la siguiente manera: como miembros independientes quedaron Jaime Alberto Palacio, Andrés Arango B. y Christian Murrle; y como miembros patrimoniales Juan Constantino Martínez B.; Luis Felipe Hoyos V.; Jesús Vallejo M.; y Gabriel Gilinski.

Con esta decisión, es importante destacar, que el Grupo Gilinski, que tiene el 31% de la participación en la multilatina de alimentos, consigue dos sillas en la mesa directiva. La nueva Junta de Nutresa estará al frente, entonces, hasta el 31 de marzo de 2024. “Hay cosas en las que arrepentirse tarde, no repara el daño”, comentaron asistentes a esta reunión, de acuerdo con lo que expuso el diario local El Colombiano, en una de sus más recientes publicaciones, respecto a la actuación de Murrle y los Gilinski, quienes solicitaron la realización de una nueva asamblea para definir los nombres de la Junta Directiva.

Cabe recordar que esta reunión se da después de que el pasado 21 de marzo, durante la reunión ordinaria, una representante de los accionistas minoritarios propusiera cambiar los estatutos pidiendo la extensión del periodo de la Junta actual hasta marzo de 2024 y, por lo tanto, la continuidad de sus miembros. Resultado al que se opuso Jaime Gilinski y solicitó al revisor fiscal convocar a esta asamblea extraordinaria.

En marzo del año en curso, de hecho, se informó que se había presentado un nuevo enfrentamiento entre el Grupo Gilinski y el GEA por el control de la Junta Directiva de Nutresa. Esto ocurre meses después de que la (Oferta Pública de Adquisición) OPA por el Grupo Nutresa, lanzada por el grupo económico International Holding Company (IHC), de Emiratos Árabes Unidos, haya sido declarada desierta al no encontrar un número de accionistas suficiente para vender su participación.

El grupo Gilinski interpuso una demanda a través de la sociedad Campbelltown en la que argumentó que se había presentado un conflicto de intereses en la votación de los representantes legales de Argos, Sura e Inversiones y Construcciones Estratégicas. La demanda fue aceptada por la Superintendencia de Sociedades que, en consecuencia, emitió medidas cautelares en contra de Grupo Sura y Grupo Argos.

Es de recordar que Nutresa eligió a los miembros de su junta directiva en julio de 2022. Para esta, Sura y Nugil (que pertenece al Grupo Gilinski) presentaron sus planchas de candidatos por separado para la escogencia de los miembros independientes y patrimoniales.

Para los independientes, se escogieron dos candidatos presentados por Sura y uno por Nugil. Para los miembros patrimoniales, Sura logró tres escaños, mientras que Nugil, solo uno.

Pero, según la demanda de Campbelltown, cuyo representante legal es Jaime Gilinski, los representantes legales de Argos, Sura e Inversiones y Construcciones Estratégicas habrían presentado un conflicto de intereses debido a tres motivos.

El primero es que los cargos de los representantes legales de estas empresas “dependen, indirectamente, de la junta directiva de Grupo Nutresa”, dice la demanda. Esto, debido a que el representante legal de Sura tendría participación en la elección de la Junta Directiva de Nutresa y a su vez, el representante legal de la compañía de alimentos tendría participación en Sura.

Como segundo motivo, dos candidatos propuestos por Sura son primos hermanos de dos directores que estaban en esa compañía: Jaime Alberto Palacio y Juan Constantino Martínez, que fueron escogidos como miembros de la junta de Nutresa, son primos hermanos de Luis Javier Zuluaga Palacio y Sebastián Orjuela Martínez. Estos dos últimos hicieron parte de la Junta Directiva de Sura hasta el 1 de julio de 2022.

Y, por último, el representante legal del Grupo Argos podría tener influencia en la elección de la Junta Directiva de Nutresa, al poder interferir en la “designación remuneración y eventual remoción” de sus representantes legales.