El tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 11 de marzo, emitió un fallo condenatorio en el litigio entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), operador del relleno sanitario Doña Juana. La Uaesp, de acuerdo con el fallo, deberá pagarle al operador de Doña Juana 65.000 millones de pesos, negando así las pretenciones del CGR que exigía 1.2 billones de pesos.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en Twitter, comentó la noticia anunciando que “el principio del fin del relleno Doña Juana empezó hoy”.
“CGR Doña Juana no ganó ni se salió con la suya! Ni los bogotanos tendremos que pagar el billón doscientos mil millones de pesos que pretendían ni podrá obtener nueva licencia para seguir operando el relleno más allá del 2024. El principio del fin del relleno Doña Juana empezó hoy”, trinó.
También anunció que en la Alcaldía se analizará “en detalle el fallo anunciado hoy por el Tribunal, las decisiones respecto de la UAESP”, y que asistirán “a la audiencia dispuesta para hacer las aclaraciones”.
El litigio entre la CGR y la Uaesp
El Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) ganó la licitación para la operación del relleno sanitario en 2009-2010 debido a que ofreció un descuento del 10% sobre la remuneración. Sin embargo, poco después de iniciar el contrato, CGR comenzó a reclamar por los costos de operación y tarifas. En 2019, se conformó un tribunal de arbitraje para resolver el litigio entre CGR y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp). Este tribunal, que se definió en julio de 2022, está conformado por Luis Arturo de Brigard y Alberto Yepes, egresados de la Universidad del Rosario, y Rodrigo Antonio Durán, del Externado.
Pero antes de esta decisión del tribunal de arbitraje hubo dos pleitos. En el primero, CGR Doña Juana presentó un primer tribunal arbitral en el que buscaba que se declarara el incumplimiento de la Uaesp y en consecuencia que la entidad asumiera el costo integral de las actividades concesionadas.
En respuesta, la Uaesp presentó una demanda de reconvención en contra de CGR Doña Juana pretendiendo que se declarara el incumplimiento del contratista y condenarlo a realizar en un término perentorio a cumplir lo pactado. En el mes de septiembre de 2018, el Tribunal falló de forma íntegra a favor de la Uaesp y le ordenó al contratista realizar todas las actividades del contrato incluyendo las actividades e inversiones necesarias de la planta de lixiviados.
El segundo pleito surgió cuando, cumplidos los tiempos otorgados en la decisión a favor de la Uaesp y ante el inminente cambio de administración, como una estrategia para limitar las acciones en su contra por la precaria operación en Doña Juana, el concesionario CGR volvió a presentar una demanda en la que pretende que la ciudad le reconozca la suma de 1.195.714.418.869 billones de pesos. Además buscaba prolongar el contrato de concesión y se les ampliara el plazo de operación.
La Uaesp advirtió, entonces, que con la demanda del concesionario vendría un mecanismo para no cumplir el contrato ni el laudo de 2018, por lo que contrademandó a CGR Doña Juana y le pidió al tribunal que declarara la terminación del contrato por el incumplimiento grave y definitivo, buscando un reconocimiento a título de indemnización por la suma de 279.006.974.290 millones de pesos.
La alcaldesa López, el 29 de marzo, en un debate de control político al que fue citada en Comisión Quinta del Senado, dijo que no pagará un peso a los contratistas incumplidos. “Este es un tema de ética y de derechos. No pagaremos un solo peso más a un contratista incumplido”.
“No vamos a dejar que se estafe a la ciudadanía. El 11 de abril se decidirá la vida, los derechos y el bolsillo de los bogotanos (...) Los señores de CGR deben saber que Bogotá tienen alcaldesa, que tiene concejales y que tiene congresistas, y que tiene un gobierno local y nacional que están dispuestos a defender los derechos de los ciudadanos y sus bolsillos. Porque el control político funciona
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