La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 011 de 2023, para los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, donde evidenció las vulneraciones a la vida, la libertad, la integridad física de la población civil, la utilización de métodos para generar terror e intimidación, entre otras graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de grupos armados ilegales.
De acuerdo con la entidad, las organizaciones armadas están generando amenazas, secuestros, homicidios selectivos, masacres, toma de rehenes, desplazamiento y confinamiento, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, entre otras graves conductas, que afectan de manera particular a comunidades indígenas y afrodescendientes, líderes y lideresas, migrantes y población víctima y sobreviviente del conflicto armado.
Puntualmente, la entidad del Ministerio Público identificó en riesgo a 295.585 personas que residen en las áreas urbanas y rurales de los municipios de Arauca.
Los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, configuran un espacio geográfico supremamente estratégico para las acciones de los grupos insurgentes, debido a su ubicación fronteriza con Venezuela, desde donde los grupos armados ilegales han logrado establecer una creciente presencia de combatientes.
“En la Defensoría del Pueblo venimos evidenciando la compleja situación que viven las comunidades en Arauca y que se ha agudizado desde enero del año pasado por la confrontación armada y la disputa por el territorio entre el ELN y facciones disidentes de las Farc”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
De acuerdo al monitoreo que realiza el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, en el territorio del departamento, las dos organizaciones guerrilleras han tenido relaciones de coexistencia y han trazado estrategias de cooperación, como la utilizada en la contención del avance paramilitar de las AUC entre los años 1999 y 2005 o el ataque conjunto a objetivos militares; pero también de diferencias y confrontación armada como la sostenida entre los años 2005 y 2011.
La confrontación armada entre el ELN y las facciones disidentes de las Farc, inició al parecer, desde 2021 en la franja fronteriza binacional del lado venezolano y en enero de 2022 se trasladó al lado colombiano, con mayor impacto en los primeros meses en los municipios de Saravena, Arauquita, Fortul, Tame y Arauca capital con 47, 20, 15, 11 y 5 homicidios, respectivamente
El documento de la Defensoría del Pueblo también reveló las amenazas a personas en proceso de reincorporación, extorsiones a comerciantes y la difusión de panfletos con señalamientos. La situación que vive el departamento de Arauca se evidenció, principalmente, con el incremento de homicidios, pues entre enero y noviembre de 2021 se presentaron 145 asesinatos, en ese mismo periodo de 2022, la cifra aumentó 103%, hasta los 294 casos.
“Estas comunidades están en constante peligro, por eso el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las demás instituciones del Estado deben avanzar en acciones inmediatas para superar los escenarios de riesgo que afrontan estas comunidades”, resaltó, Carlos Camargo Assis.
Por último, en el documento, la Defensoría del Pueblo hizo una serie de recomendaciones a diferentes entidades del Gobierno nacional para la prevención y protección de las comunidades, el acompañamiento de las mismas y la creación de planes, proyectos y acciones para superar los factores de vulnerabilidad de los derechos esa población.
“Conforme a la información expuesta en materia de amenaza, vulnerabilidad y capacidades sociales e institucionales, así como las dinámicas del conflicto armado aquí registradas, se infiere una alta probabilidad de continuidad en la ocurrencia sistemática de violaciones a los derechos fundamentales y de infracciones reiteradas al DIH para los habitantes de los municipios de Arauca”, concluyó la entidad en la alerta temprana.
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