Con video de un funcionario cargando bultos de alimentos a su carro, Procuraduría investigará a gobernación de Chocó por apropiación de ayudas humanitarias

A través de un comunicado emitido por la Procuraduría General de la Nación el 10 de abril de 2023, la entidad dio a conocer la decisión de iniciar un proceso investigativo en contra de funcionarios de la Gobernación del Chocó por un presunto uso de ayudas humanitarias que fueron destinadas a fines personales.

De acuerdo con el documento, esta acción respondería a “detrimento de los destinatarios originales de las mismas: personas vulnerables y afectados por calamidades naturales”. Según se conoció, los funcionarios de la Gobernación habrían retirado los elementos y recursos de quienes estaban en situación de necesidad y se los habrían llevado en vehículos y motocicletas para su uso.

En este sentido, sería precisamente la Regional de Instrucción de Chocó quien se encargaría de revisar el material probatorio a través del cual se conoce la información. Se trataría de material audiovisual que le fue facilitado en el que se registra uno de los funcionarios, quien se presume que pertenece al área jurídica, quien está recogiendo bultos de mercado y llevándolos a su vehículo.

La Procuraduría señaló que la persona que aparece en los registros audiovisuales tendrá que rendir testimonio ante la entidad. Además, confirmó que la indagación también considerará otras pruebas que ya fueron solicitadas y que entrarán en curso para determinar el camino a seguir.

Sobre este hecho, la entidad mencionó que:

“De acuerdo con la información de medios de comunicación, la gobernadora Farlín Perea desconocía que desde que los elementos llegaron a la región, al parecer, se han presentado retiros significativos por parte de servidores que en sus motos y carros particulares se los llevaron para su uso personal”.

Según indicó la Procuraduría, el proceso indagatorio busca la identificación del presunto responsable con el fin de determinar la ocurrencia de la conducta. Este proceso, sostuvo, permitirá determinar la ocurrencia de la conducta y confirmar si constituye o no una falta disciplinaria.

Así, también establecería si la conducta del funcionario responde o no “al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”. Sin embargo, esto solo podrá ser definido una vez concluya la revisión del material de prueba que tiene en sus manos la entidad.

Otro caso se dio a conocer en abril de 2023 en el Chocó, esta vez emitido por la Fiscalía General de la Nación, quien confirmó la condena de 8 años que tendrá que pagar el excalcalde Cecilio Moreno Arroyo y el extesorero municipal Onofre Cuesta Murillo, quienes estarían a cargo del municipio de Riosucio durante los años 2012 y 2015.

La condena fue determinada por un juez de conocimiento, quien actuó tras la presentación de material probatorio que presentó un fiscal de la Unidad de Administración Pública en colaboración con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). La Fiscalía confirmó que la pena a la que fueron condenados Moreno y Cuesta se deberá cumplir en centros carcelarios.

Según las pruebas, los exfuncionarios se habrían apropiado de más de 50 millones de pesos a través de un contrato suscrito en el año 2013, el cual estaba destinado a la construcción del acueducto en el barrio El Paraíso, en ese municipio.

La información permitió conocer que el 11 de diciembre del año 2014, el dinero del contrato debía ser consignado a la cuenta correspondiente del contratista. Sin embargo, este no fue el canal que siguieron los recursos, pues habrían sido depositados a la cuenta de un tercero. Esta acción se habría desarrollado debido a la indicación y orden del extesorero por parte del alcalde para el retiro y la entrega de los recursos en efectivo.