A bala fue atacada la casa del rector de la Universidad de La Guajira

La casa del rector de la Universidad de la Guajira, Carlos Robles Julio, ubicada en el barrio José Antonio Galán de Riohacha (La Guajira), fue atacada a bala por hombres que llegaron a bordo de motocicletas, en la noche del lunes 10 de abril.

El inmueble está ubicado exactamente en la carrera 18 con calle 12 y para el momento del ataque, 7:30 de la noche, el rector no se encontraba allí debido a que estaba de viaje fuera de la ciudad. No hubo personas heridas, y tampoco fue encontrado algún mensaje de amenaza o advertencia, pero según el vigilante, que se encargó de dar aviso a las autoridades, un proyectil impactó en una de las paredes, aunque sin causar mayores daños.

Hasta el lugar llegaron funcionarios del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía para recopilar evidencias e iniciar la respectiva investigación con el fin de dar con los responsables de este hecho y esclarecer las causas. “Se inició de manera inmediata una investigación para determinar lo ocurrido. Se pudo establecer que el rector Carlos Arturo Robles Julio se encuentra fuera de la ciudad”, indicaron las autoridades.

Robles Julio se desempeña como rector de la institución educativa desde el 2009 y tiene vigencia hasta el año 2025. En 2016, denunció amenazas en su contra debido a que estaba presionando para que la Administración municipal pagara una deuda a la Universidad.

Por otra parte, en 2020, la periodista Katia Ospina lo denunció a través de redes sociales por supuestamente amenazarla a ella y a su hijo, que por entonces tenía 12 años, de muerte. Este hecho se habría presentado porque la comunicadora estaba realizando una investigación en la que se evidenciarían graves hechos de corrupción al interior de la Universidad de la Guajira.

No obstante, Robles Julio respondió con una denuncia en contra de Ospina Salem por injuria y calumnia. “La persona denunciada no tiene razón, ni motivo alguno que la anime a destruir la honra de una persona, obsérvese que la difamación es una acción que busca generar una lesión en el honor y la integridad del individuo con acusaciones falsas”, señaló en ese momento el rector, y adjunto capturas de pantalla en donde la periodista hace las afirmaciones.

Además, el rector extendió la denuncia a través de la Dijín en contra del entonces contralor de La Guajira, José María Moscote, para que fuese investigado por abuso de autoridad, revelación de secretos y concierto para delinquir. “Denuncié también al contralor, a su familia y a la periodista por haberse concertado para injuriar y calumniar a la Universidad de La Guajira y revelar información que la Contraloría Departamental está obligada a mantener en reserva, respecto de la gestión que se viene adelantando para recuperar los recursos que la gobernación le adeuda a la universidad”, expuso en ese momento.

Y añadió también que “la conducta del Contralor Departamental va más allá de lo que le corresponde desarrollar con sujeción a las funciones que el cargo le impone, está fustigando a la universidad con insistentes requerimientos a los cuales ya les ha dado respuesta pero continúa como si se tratara de una persecución”.

En medio de un operativo en el departamento de La Guajira, en trabajo conjunto de la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), incautaron un cargamento de cerca de 1.670.000 cajetillas de cigarrillos con un valor comercial de más de 12.000 millones de pesos.

La operación permitió la intercepción de una motonave llamada ‘Carmencita V’ a 7,6 millas náuticas de Puerto Estrella. Dentro de la embarcación, las autoridades hallaron estos productos de contrabando. La tripulación tomó por sorpresa esta acción porque no contaba con la documentación requerida para su transporte y comercialización.

De esta manera, las autoridades identificaron 3.314 cajas de cigarrillos de diferentes marcas, cada una con 50 pacas de cigarrillos, con un valor aduanero de 5.8 millones de pesos, y comercial de 12 mil millones de pesos.

Después del allanamiento, tanto el vehículo como la mercancía y la tripulación fueron escoltadas hasta Santa Marta por unidades de la Armada Nacional. Allí, en presencia de funcionarios de la Dian y uniformados de la Policía Aduanera, hicieron el respectivo procedimiento de verificación de la carga ilegal.

Finalmente, la Armada anunció que seguirá trabajando en conjunto con otras instituciones para “contrarrestar el uso ilegal de las vías marítimas en el Caribe colombiano”. Asimismo, continuarán con su “compromiso de velar por la seguridad de las aguas jurisdiccionales bajo su responsabilidad”.

Vale mencionar que, Panamá se ha convertido en un verdadero “hub” de cigarrillos ilegales a destinos de América Latina. En el caso colombiano, de acuerdo con Invamer, en el año 2022, el 34% de los cigarrillos que se consumieron en Colombia fueron de contrabando.

Es decir, 1 de cada 3 cigarrillos que circulan en el país son ilegales porque no pagan impuestos. Los departamentos con mayor índice de consumo de cigarrillos ilegales en 2022 fueron: La Guajira (94%), Sucre (91%), Cesar (88%), Magdalena (82%) y Norte de Santander (79%).

Pero el caso colombiano es la punta del iceberg, pues se estima que es Panamá la puerta de acceso de estas cajetillas. De hecho, unos 8.000 millones de paquetes de cigarrillos ingresan al país centroamericano y por añadidura van a mercados como Ecuador, Colombia y México, afectando en gran medida al comercio legal, las finanzas de los países y las medidas sanitarias.

Este fenómeno, que si bien parecería no tener trasfondo, para algunos expertos es la respuesta al incremento en los impuestos de los cigarrillos, pues incluso la Federación Nacional de Departamentos (FND) ha destacado la correlación que existe entre el alza de los impuestos y el aumento del contrabando, lo cual, para algunas personas, abre de nuevo el dilema a un panorama aún más preocupante, pues dichas medidas no siempre resultan en una disminución en el hábito de fumar, sino en un cambio de producto legal a ilegal.