Red de explotación minera que era coordinada desde Bogotá fue desmantelada por las autoridades

Investigadores de la Policía Nacional lograron desmantelar y capturar a los integrantes de una red de minería ilegal, dedicada a la extracción de oro, en el departamento de Nariño.

Así lo dio a conocer la institución, al cierre de una investigación que llegó a extenderse durante 36 meses, antes de generar el material probatorio suficiente como para privar de su libertad a quienes dirigían las operaciones al sur del país, desde Bogotá.

Ya en la ribera de los ríos Maguí, Telembí y Sumbiabi, supervisores y trabajadores recibían maquinaria e instrucciones, pero, absolutamente todo, era coordinado desde la capital del país, a unos 840 kilómetros de distancia.

De acuerdo con el coronel William Castaño, director de la Policía de Carabineros: “Cuando determinaban que cierta zona no estaba generando la producción que ellos querían inmediatamente se trasladaban a otro lugar de este territorio lo que ocasionó la deforestación de más de 2.700 hectáreas”.

De ahí que, sus operaciones generaran ganancias mensuales de hasta mil millones de pesos, obtenidos tras comercializar en el mercado 6 kilogramos de este metal precioso.

Parte de ese dinero era destinado a adquirir maquinaria, que llegaba a Nariño por mar y luego era ensamblada en el triángulo de Telembí, en donde se veían obligados a pagar por “protección” a grupos ilegales. Antes de retirar de la zona el material extraído y llevarlo a municipios aledaños, como Barbacoas y Tumaco, desde donde era enviado a Ecuador para ser comercializado, saltándose los conductos establecidos por Ley.

Un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, en compañía de la Universidad del Rosario, determinó que más del 80% del oro que se exporta en Colombia es extraído de manera ilegal. Y es que el 86% de los que se dedican a este oficio, al margen de la ley, buscan dicho metal precioso.

Durante el 2022, se exportaron 53 toneladas de oro, de las cuales solo el 14% provenía de la minería legal, dejando el resto a la minería artesanal, a los explotadores informales y a organizaciones al margen de la ley. Además, según datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), encargada de detectar el lavado de activos y la financiación al terrorismo, el mercado del oro ilegal mueve 10 billones de pesos al año, más de la mitad de lo que recogerá la Nación en impuestos tras la reforma tributaria.

Esta cifra es similar a la del Departamento de Planeación Nacional, que estima que la minería ilegal podría producir entre $2.000 y $3.000 millones de dólares en ganancias, anualmente.

Leonardo Guiza, director del Centro de Innovación Minero y Ambiental de la Universidad del Rosario, le dijo a Colprensa que “hay particularidades evidenciadas en la focalización de este tipo de economías y su relación con las economías legales. En el caso de la minería ilegal de oro, datos de la Defensoría establecen que para 2021 la minería ilegal hacía presencia en 44% de los municipios del país”.

El académico agregó que “incluso, se ha llegado a señalar que geográficamente, el fenómeno trasciende a casi una tercera parte de las entidades territoriales del país. Y en particular, respecto al oro de aluvión, cuya explotación es predominantemente informal o ilegal, está relacionada con la financiación de grupos armados ilegales, en los departamentos de Chocó, Antioquia, Bolívar, Córdoba, Nariño, Valle y Cauca”.

La falta de control en el comercio de oro lo ha vuelto atractivo, pero a la vez ha permitido la ilegalidad. De acuerdo a los expertos, cualquier persona puede transportar un gramo de oro en su bolsillo sin ser ilegal, al mismo tiempo que puede fabricar joyas y llevarlas al otro lado del mundo sin que esto represente alguna actividad ilícita.

Lo anterior, debido al artículo 13 de la Ley 9 de 1991, en el que se establece que el mercado del oro en Colombia es libre, motivo por cual, el Banco de la República dejó de ser el único comprador y se volvió solo un agente más.