“La comunidad del Etcr Mariana Páez decidió confiar en el presidente”. Aferrados a una nueva esperanza de que les cumplan con lo pactado en el Acuerdo Final de Paz de 2016, los excombatientes y sus familias que residen en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Mesetas —Meta— le apostaron a respaldar las promesas de Gustavo Petro y los acuerdos alcanzados para la protección de los firmantes y sus proyectos productivos ante las constantes amenazas de grupos residuales de las extintas Farc, como el Estado Mayor Central.
Esas intimidaciones no solo demuestran el crecimiento de estructuras armadas ilegales, incluyendo las disidencias conformadas por quienes no quisieron acogerse a lo pactado en La Habana, sino que son fiel reflejo de la falta de una plena implementación de cada uno de los seis puntos acordados en la capital cubana y refrendados en Bogotá, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Ahora, la administración Petro dentro de su gran política de Paz Total busca que el Acuerdo logre mayores niveles de implementación que los dejados por el gobierno de Iván Duque, y ello implica el acompañamiento suyo y de las entidades correspondientes —fuerza pública, la oficina del alto comisionado para la Paz, la Unidad de Implementación, las instancias de observación y verificación planteadas en el Acuerdo y las misiones internacionales— con aquellos excombatientes que le siguen apostando a la paz pese a las constantes faltas que, desde el Estado, le han hecho al cumplimiento de los seis puntos del documento.
Esa confianza de la comunidad del Mariana Páez depositada en el presidente Petro y reflejada en un comunicado redactado un día después de la visita que tuvo el jefe de Estado a ese Etcr, implica también el reconocimiento de fallas en la implementación que no fueron propias del actual gobierno pero que deben replantear y corregir; entre ellas, la ubicación de ese espacio de reincorporación. De acuerdo con el senador Iván Cepeda, en la administración anterior no se tuvo en cuenta la adecuación de esas zonas en terrenos fértiles para el desarrollo de proyectos productivos.
“Este espacio territorial está ubicado en un terreno que todavía no les pertenece a los excombatientes y que, al parecer, no se va a poder adquirir porque es un baldío, entonces eso muestra que muchas de esas ubicaciones que se hicieron de los excombatientes se han realizado en lugares donde no se verificó de una manera más rigurosa”, le dijo el también presidente de la Comisión de Paz del Senado a Infobae Colombia.
Desde Mesetas, Petro dijo el miércoles 29 de marzo que el Mariana Páez debe contar con un área de 1.400 hectáreas de tierra fértil para la continuidad de los proyectos productivos liderados por excombatientes y sus familias —aproximadamente 200—. Dicha adecuación, según lo manifestado, hace parte de la puesta en marcha de la Reforma Rural Integral, primer punto del Acuerdo Final.
De Bogotá a Mesetas: las reuniones que llevaron a Petro a dialogar con los excombatientes
En diversas ocasiones la bancada de Comunes le insistió al presidente tener un encuentro para que conociera la situación real de los exguerrilleros en proceso de reincorporación a la vida civil. Esas cumbres, sostenidas en la Casa de Nariño, fueron el primer aliciente para que viajara al municipio de Meta y tomara medidas reales ante las amenazas y la falta de implementación que hay detrás de esas acciones de las disidencias. Para Julián Gallo, senador del partido que nació tras el Acuerdo Final, hay una “voluntad política incuestionable” del Gobierno nacional también para brindar las garantías de seguridad a los firmantes de la paz.
“Lo que se acordó es que obviamente van a permanecer allí con garantías y presencia de la fuerza pública en el territorio. En su intervención, el presidente fue claro en señalar que la salida de la gente de este espacio territorial no significaba en ningún momento que les van a dejar ese territorio a las organizaciones ilegales armadas; todo lo contrario: el Estado se va a asentar allí con mucha más presencia no solo de la fuerza pública sino en general de la institucionalidad. De hecho, el presidente planteó que quiere regresar al territorio a reunirse con las comunidades, ya no solamente con los firmantes de paz”, detalló a este medio el ahora legislador.
El Mariana Páez es uno de los 24 Etcr existentes en el país. De estos, solamente 12 cuentan con terrenos comprados; los demás —incluyendo este— tiene sus terrenos en arriendo. Sin embargo, datos de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz entregados a este medio indican que se están adelantando acciones para la compra de predios en cinco espacios territoriales.
El error de la eliminación de la Consejería para la Estabilización y la Reincorporación
Dicha dependencia, que era dirigida por Emilio Archila y Juan Carlos Vargas en el gobierno Duque, fue reemplazada por la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz vía decreto que recortó un total de siete consejerías. Esto, según Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de Presidencia —Dapre—, le ahorraría al país 33 mil millones de pesos.
La Unidad de Implementación pasó a integrar la oficina del alto comisionado para la paz, y justamente, ese hecho ha generado discordia dentro y fuera del gobierno. De hecho, una de las conclusiones a las que se llegó tras la cumbre realizada en Cartagena y que contó con la presencia del expresidente Juan Manuel Santos, integrantes del otrora equipo negociador del gobierno con las extintas Farc y varios miembros de la delegación con el ELN, fue que la implementación del Acuerdo de 2016 no puede quedar en manos de Danilo Rueda, pues pierde la prioridad necesaria de implementación ya que él se encuentra adelantando otros procesos con distintos grupos armados.
Incluso, Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación, reconoció que el director del Dapre no tuvo en cuenta los reparos presentados a la hora de eliminar la consejería para la Estabilización. “No hubo por parte de Lizcano un proceso de diálogo con el Partido Comunes ni con la antigua consejería de Estabilización para mirar las consecuencias que implicaría eliminar una consejería para la paz y dejarla como una unidad”, le explicó a Infobae Colombia. Además, aseguró que al pasarle todas las funciones de esa consejería al comisionado Rueda, quedaron vacíos con respecto no solo a la implementación del Acuerdo, sino también sobre el manejo de los recursos para la paz.
Pese a estas rencillas administrativas, la Unidad de Implementación sigue su curso y actualmente hace acompañamiento al tránsito de los excombatientes del ETCR. “La reincorporación está en el centro de este compromiso por la paz y no de una manera fragmentada como se vino realizando en los últimos años donde los planes nacionales de reforma rural tuvieron la elaboración del plan de acción pero no los presupuestos en lo que era la Paz con Legalidad y no una inserción a unas nuevas condiciones de vida como lo está planteando el presidente Petro (...) El presidente habló de cumplir el acuerdo y en eso estamos con el alto comisionado en el marco de la Paz Total”, sostuvo Cuartas.
El martes 18 de abril se llevará a cabo en el Congreso un debate de control político al que fue citado el comisionado Rueda y al que asistiría también la funcionaria para explicar los avances presentados en materia de implementación. Mientras tanto, los excombatientes del Etcr Mariana Páez esperan que se cumpla lo prometido por el presidente, así como cada uno de los cuatro acuerdos alcanzados con el jefe de Estado: destrabar las restricciones normativas para la compra de tierras; mantener el campamento humanitario con acompañamiento institucional; salida inmediata del territorio en caso de que se rompan los diálogos con el Estado Mayor Central, y el pleno cumplimiento del mecanismo de salida de los reinsertados en esa zona.