Análisis: un año después de la sentencia que les dio más libertad y autonomía a las mujeres en Colombia

Por punta y punta, la sentencia C-055 emitida por la Corte Constitucional es histórica: no solo permite la despenalización total del aborto hasta la semana 24 de gestación, poniendo a Colombia como uno de los países líderes en materia de respeto a los derechos de mujeres y personas gestantes; sino que obliga al Estado a crear los mecanismos y normatividad necesaria para que, quienes quieran acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo —IVE—, lo hagan de manera libre, segura y legal.

Sin embargo, desde aquel 21 de febrero de 2021, día en que el alto tribunal dio a conocer el fallo, barreras como la falta de información o el desconocimiento por parte del sistema de salud nacional sobre el derecho a practicar ese procedimiento han estado presentes. Sumado a eso se presentó un incremento de mujeres y personas gestantes que acudieron a organizaciones no gubernamentales en busca de ayuda sobre este tema, lo cual muestra que con la sentencia en marcha y la eliminación de requisitos es más fácil tramitar las solicitudes de IVE.

Justamente, esa fue una de las conclusiones que presentó la organización Causa Justa en un informe sobre el primer año de la sentencia. Dicho documento también resaltó los avances presentados por el Congreso de la República y el Ministerio de Salud tras el exhorto de la Corte en la sentencia: el 28 de septiembre de 2022 fue expedida la Circular 044 de 2022 en la cual se ratificó que las mujeres tienen derecho a interrumpir su embarazo de manera voluntaria y sin necesidad de presentar algún requisito durante las primeras 24 semanas de gestación.

También exaltaron la Resolución 051 del 12 de enero de 2023, en la cual el Ministerio de Salud recopiló las normas técnicas y aspectos constitucionales mencionados ya por la Corte en la sentencia, dentro de los que se encuentran el hecho de que niñas y adolescentes tienen derecho a acceder a una IVE, así como también las personas en condición de migrantes regulares o irregulares. Dentro de esa normatividad, también están las obligaciones de las EPS, IPS, la Superintendencia de Salud y las secretarías distritales, departamentales y municipales de Salud de acatar el marco legal actual sobre el acceso al aborto.

Catalina Martínez Coral, vocera de Causa Justa y directora del Centro de Derechos Reproductivos le dijo a Infobae Colombia que el Gobierno nacional estaba haciendo la tarea con la implementación del importante fallo. Sin embargo, a esa labor le falta un elemento crucial y es la atención del sistema de salud en los territorios. “Hay que encender una alarma para avanzar en la implementación en esas zonas para que las mujeres que históricamente han encontrado obstáculos y barreras para acceder al servicio, no lo sigan haciendo bajo el nuevo marco legal que es uno de los grandes vacíos”, mencionó la activista en febrero.

Así parezca una contradicción, varias trabas para la plena garantía de acceso a una IVE las pone el mismo Gobierno y el sistema de salud, pues las entidades correspondientes no han emitido balances sobre la implementación de la sentencia y el número de mujeres y personas gestantes que han acudido al sistema de salud a realizarse un aborto de manera legal y segura. Para Sandra Mazo, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, esto se debe a que todavía no hay una adecuación institucional que permita realizar balances, al menos en este primer año de la sentencia C-055.

Y si las entidades oficiales no recogieron cifras, las organizaciones no gubernamentales sí: datos recogidos por Oriéntame, Profamilia y la Mesa por la Vida mostraron que el 93% de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en el marco del fallo fueron en mujeres que no pasaron de la semana 12 de gestación. Este hecho rompe el mito de que todas las personas gestantes iban a abortar en la semana 24.

“En esa medida, creemos que el reto sobre todo para las instituciones prestadoras de servicios de salud es que se les brinde ese derecho en el menor tiempo posible y en las mejores condiciones. A un año de la sentencia hemos podido evidenciar eso, que no es que haya un aumento de las interrupciones, sino que en el sistema se reportan más casos porque ya las mujeres no tienen que acudir a abortos clandestinos: los solicitan en las entidades prestadoras de salud”, apuntó la también politóloga.

Otra barrera de la que poco se habla —pero que ha estado presente desde mucho antes del fallo de la Corte— es el discurso emitido desde sectores de la Iglesia católica. Si bien, parte de los argumentos expuestos por el clero invitan a la discusión sobre la despenalización de la IVE, existe también la narrativa que busca criminalizar y hasta descomulgar a las mujeres que apelan a su libertad de conciencia para realizarse un aborto.

“El trabajo nuestro ha consistido en, primero, empezar a entender los argumentos religiosos frente a la sexualidad y la reproducción. Y hemos entendido que hay un principio en la Iglesia católica muy fuerte que es la libertad de conciencia (...) a partir de eso hemos realizado un ejercicio pedagógico, de sensibilización a fin de que la población —sobre todo creyente— entienda que nuestra religión no está en contra de la libertad y que nuestras acciones son respetadas por la Iglesia cuando las tomamos a conciencia”, expuso también la directora de Católicas. Incluso, insistió en que debe haber un cambio cultural para que desde los sectores religiosos se trabaje en la despenalización social.

El diálogo ha sido con la feligresía, no con los jerarcas colombianos de la Iglesia católica en Colombia, quien según lo explicó la también feminista, han creado un discurso de odio alrededor de la libertad que han ganado las mujeres y personas gestantes por la vía legal para decidir sobre sus maternidades.

“Es muy lamentable que prelados de la iglesia católica le mientan a su feligresía, mentir no es de cristianos y ellos lo hacen sin ruborizarse”, expresó.

Otra de las barreras que persisten pese al poderoso mensaje de la sentencia sobre la despenalización del aborto es la desinformación y la falta de estrategias comunicativas que, según Viviana Bohórquez, directora de la organización Jacarandas, necesitan hacerse por parte de las organizaciones gubernamentales.

“Si uno evalúa qué ha hecho el Ministerio de Salud, las Secretarías de Salud y alcaldías en términos de difusión de información sobre la garantía del aborto como un derecho, pues hay que hacer de cuenta que no se ha hecho nada: no hay comerciales de televisión ni campañas masivas ni ninguna estrategia sistemática en la que se publique que el aborto es un derecho gratuito”, expuso la cabeza del colectivo feminista que de marzo de 2022 a abril de 2023 han asesorado a cerca de tres mil mujeres que acudieron a su línea de atención especializada. La desinformación que desencadena la clandestinidad que aún no desaparece, precisamente por temor a que mujeres, hombres trans y personas no binarias sean juzgadas.

A pesar de los lineamientos existentes expedidos por el Gobierno nacional y los exhortos de la Corte Constitucional, el sistema de salud y el propio Ejecutivo se queda corto a la hora de ejercer control no solo ante la desinformación, sino también sobre las trabas que pueden poner algunas EPS e IPS a quienes quieren acudir a un aborto seguro y legal.

La falta de adecuación y preparación en buena parte del sistema actual son otro tipo de barreras que, para Mazo, no se pueden soslayar. “Creo que la gran dificultad en este año ha sido la falta de preparación y adecuación de las entidades para garantizar un servicio digno y sobre todo que estos prestadores tengan una información clara frente a lo que ha significado este avance en términos normativos”, profundizó sobre esta brecha.

Catalina Martínez ya le había dicho a este medio que también debe existir un compromiso por parte del Estado para que, por ejemplo, no haya desabastecimiento de medicamentos que permiten la realización del aborto en centros médicos. Sumado a eso, la atención también debe centrarse en las mujeres migrantes, pues según el informe de la Mesa por la Vida, Norte de Santander es después de Bogotá, la segunda región donde más mujeres fueron atendidas por esta organización.

El 12% de las mujeres atendidas por la Mesa residían en ese departamento fronterizo —31 casos durante 2022—. Por otra parte, Jacarandas asesoró en ese año a 30 mujeres indígenas, y bajo ese panorama, Bohórquez volvió a enfatizar la desconexión que hay entre el Estado y las comunidades vulnerables y las zonas periféricas de Colombia.

“Hay una desconexión del Estado con la realidad de las mujeres, sobre todo las más jóvenes porque aumenta el embarazo adolescente y una hipocresía por parte del Estado al no garantizarles la opción de interrumpir el embarazo. Seguramente muchas de ellas aceptan tenerlo porque romantizan la maternidad o piensan que eso las va a sacar de la pobreza lo cual es todo lo contrario, pero uno no puede hacerles cambiar su opinión porque a fin de cuentas se trata de lo que ellas decidan”, concluyó la directora de este colectivo.

Tras ese primer año, la conclusión de Sandra Mazo es que la sentencia debe seguirse defendiendo más allá del anuncio de la Corte; precisamente, ese fallo ha permitido que en Colombia las mujeres y personas gestantes tengan mayor autonomía sobre sus cuerpos y tengan mayor libertad para encaminar sus proyectos de vida a partir de una maternidad deseada.

“No vamos a permitir que nos la tumben o tergiversen, ni que se quede simplemente en el papel como pasa con muchas leyes en este país (...) Eso es lo que vamos a seguir haciendo en los próximos años que sigan porque no vamos a permitir que un derecho que nos ha costado tanto ganar, se retroceda”, puntualizó la directora de Católicas por el Derecho a Decidir.