Procuraduría alertó por hacinamiento del 158% en centros de detención transitoria en Bolívar

Continúan las alarmas por el hacinamiento en algunos centros detención transitoria de Colombia. Esta vez, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que, en algunas de las estaciones de Policía de Cartagena y Turbaco, municipios del departamento de Bolívar, el hacinamiento alcanzó el 158%.

De acuerdo con el informe del órgano de control, los cuatro centros de detención transitoria que fueron inspeccionados fueron la estación de la Localidad Virgen Turística, la de Caribe Norte, Caracoles y la de Turbaco, en las que se halló un hacinamiento del 137%, 312%, 57% y 210%, respectivamente.

El Ministerio Público además dio a conocer que durante la inspección también hallaron que 82 de las personas privadas de la libertad ya completaban un año en el centro transitorio de detención; mientras que otras 222 sumaban más de seis meses sin que aún se les definieran sus condiciones jurídicas.

Ante el crítico panorama, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a los alcaldes de Cartagena y Turbaco, William Dau Chamatt y Guillermo Torres Cueter, para poner en marcha acciones urgentes que garanticen los derechos de las personas detenidas.

Estado colombiano tendrá que pagar millonaria indemnización por hacinamiento en cárceles

El informe de la Procuraduría se da a conocer a tan solo semanas de que la Corte Constitucional dejara en firme una millonaria indemnización que le ordenó la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en 2020 al Estado colombiano, a favor de 11 mujeres que denunciaron haber estado recluidas en la cárcel El Cunduy, en Florencia, Caquetá, con un hacinamiento que superaba el 500%.

“En sentencia del 20 de noviembre de 2020, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a las entidades accionadas, entre otras cosas, al pago de una indemnización por perjuicios y tasó el daño sufrido por la población de internas en 18.371 SMLMV”, se leía en la sentencia proferida por la alta corte.

Y es que, de acuerdo con el relato de las internas, además del hacinamiento carcelario, en el centro penitenciario se presentaban problemas con las baterías sanitarias, de las tres habilitadas solo dos funcionaban; así mismo, las mujeres aseguraban que no contaban con un área donde pudieran alimentarse y, entre otras cosas, en la prisión no tenían un patio interno.

A lo anterior se le sumaba que en los dormitorios llegaban a pasar la noche 16 internas, muchas de las cuales lo hacían en colchonetas que debían ser ubicadas en el piso ante la falta de espacio. Además, solo había dos lugares adecuados para las duchas.

Bajos esos argumentos, las reclusas aseguraron que el Estado no solo violó sus derechos a la vida, dignidad, salud, ambiente sano e integridad personal, sino también, les ocasionó ser víctimas de un trato cruel, inhumano y degradante, además de sufrimiento moral, aflicción y tristeza, según conoció el diario El Espectador.

De acuerdo con el mismo medio, por lo anterior, el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) deberán pagar un poco más de $10.300 millones a las 11 mujeres.