La Fiscalía General de la Nación abrirá investigación a las personas y empresas socias, a los miembros de la Junta Directiva, de la alta gerencia de Ultra Air, por una presunta estafa. Así las cosas, Carlos Ríos, como socio; David Bojanini, presidente de la Junta Directiva, y William Shaw, CEO de la compañía, estarán bajo la lupa del ente acusador, que los investigará porque la aerolínea horas antes de anunciar su quiebra y la suspensión de actividades en el país, el 29 de marzo, seguían vendiendo tiquetes.
De acuerdo con información de La República, medio que conoció la noticia el 8 de abril, la aerolínea, en menos de un año y únicamente con cinco aviones vendió más de 300.000 tiquetes a un valor promedio de 80 dólares, sin tener la infraestructura para garantizar la prestación del servicio. Además, tiene una deuda de ocho millones de dólares con Bancolombia y cuentas por pagar de 14 millones.
El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, el 30 de marzo, luego de que la aerolínea suspendiera sus operaciones en Colombia, anunció que investigará tanto al presidente y a los miembros de la Junta Directiva de Ultra Air, y al presidente de la compañía, por el delito de estafa, que el equipo técnico estudia si se configuró o no, pues, según el funcionario, la aerolínea “ya tenía cerca de 377.000 tiquetes vendidos” para el resto de 2023 y los primeros meses de 2024.
Sobre la venta de tiquetes, el ministro advirtió que:
Fiscalía también investigará a Viva Air
El mismo fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anunció también el 8 de abril, que, abrirá la investigación solicitada por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que instauró acciones legales contra los directivos de Viva Air por estafa. El director especializado contra la corrupción de la Fiscalía, Eduardo Alirio Calderón advirtió, según lo citan en Caracol Radio, que “hay una estafa en masa que se está denunciando por todos los usuarios que se vieron afectados por la compra de tiquetes y por el cese de operaciones de esa empresa”.
Ni Barbosa ni Calderón descartan que, una vez avancen las pesquisas, los dirigentes de la aerolínea deban comparecer ante la Fiscalía para rendir declaratoria sobre los hechos que paralizaron, por varios días, el transporte aéreo en Colombia y obligó al Gobierno nacional, así como a otras aerolíneas, a tomar cartas en el asunto para ayudar a los afectados.
El fiscal Barbosa reveló, días atrás, que desde el despacho de la vicefiscal general Marta Mancera también tienen bajo la lupa a los directivos de esa empresa, que con la decisión de suspender operaciones generaron afectaciones en más de un millón de pasajeros y una posible estafa que sobrepasa los 200 mil millones de pesos, según señaló el ministro de Transporte en su demanda.