La situación en Colombia frente a la minería ilegal es crítica. Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación se refirió al seguimiento de algunos escenarios que se presentan conflictos socioambientales. El procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Gustavo Guerrero Ruiz, habló sobre esta situación en el país.
En diálogos con el diario El Tiempo, el funcionario explicó: “Buena parte de la confusión y de la problemática que trascienden en estos momentos es realmente dónde está el límite entre esa minería ilegal y la artesanal”.
Guerrero explicó en el medio mencionado que desde la entidad han identificado altos niveles de contaminación de mercurio en algunas fuentes hídricas, “poniendo en riesgo no solo los ecosistemas sino la salud de los colombianos”, indicó el procurador delegado. De esta manera, explicó el caso del río Suratá, en Santander, por cuenta del desarrollo de actividades mineras ilegales en el área de influencia del Páramo de Santurbán.
“Hemos encontrado también alta presencia de mercurio derivada de minería ilegal en el caso del Parque Farallones de Cali, también hemos requerido a las autoridades nacionales, desde el Ministerio de Defensa, hasta las autoridades regionales para que emprendan acciones de control efectivo frente a la actividad minera ilegal”, añadió Gustavo Ruiz.
Respecto a la conflictividad socioambiental en el Bajo Cauca, el funcionario confirmó que viene en incremento porque se han dado señales contradictorias y erradas en diferentes momentos frente al manejo de la actividad minera ilegal que se desarrolla en la región.
Estas contradicciones vienen por parte de los actores del Gobierno nacional, “porque inicialmente se anunció la suspensión de los operativos de destrucción de maquinaria, por lo menos de minidragas”, aseguró Guerrero para El Tiempo.
Después de esto, se presentaron escenarios de conversación, mesas de trabajo con actores departamentales que dieron cuenta de una situación progresiva en cuanto al deterioro ambiental debido a la actividad minera ilegal.
De esta manera, se iniciaron los operativos de control de todas estas actividades, “la Procuraduría ha instado al Gobierno Nacional a que de un lado adopte el plan de formalización que está en mora de adoptar, pero adicionalmente a que desarrolle los instrumentos jurídicos previstos en la Ley 2250 del año pasado”, manifestó el procurador delegado.
Según Guerrero, la reconversión de actividades mineras ilegales en áreas donde no puede desarrollarse minería, como: reservas forestales, parques naturales, y áreas protegidas en general.
Por otra parte, el funcionario habló sobre la actividad volcánica del Nevado del Ruiz. La Procuraduría ha hecho llamados en cuanto a la necesidad de que los municipios revisen y mantengan actualizados sus planes de atención, sus planes de prevención y de atención de desastres; “pero también sus comités locales, que legalmente están obligados a mantener activos todos los municipios y, por supuesto, también a los departamentos para que mantengan el contacto, el enlace y la articulación necesaria con las respectivas autoridades municipales”, señaló Guerrero.
Respecto a los cambios que podrían verse a nivel medioambiental, el procurador delegado explicó que por un lado está la condición que tiene el área del volcán como un Parque Nacional Natural: “Esa es una condición que de alguna manera supone una fortaleza en la medida en que hay otra autoridad que está pendiente y al tanto de todos esos posibles desequilibrios y alteraciones que pudieran producirse en el ecosistema, y que pudieran alterar efectivamente la vida de los ciudadanos, y poner en riesgo su bienestar”, concluyó.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) en su último reporte sobre la actualidad del Volcán Nevado del Ruiz. Para el 7 de abril se mantiene la alerta naranja. Esto, teniendo en cuenta que continúa la actividad sísmica dentro del edificio volcánico y la emisión de cenizas, incluso, se reporta un importante aumento en las anomalías térmicas, pues uno de los registros se convierte en el más alto desde el 2017.