El presidente Gustavo Petro, en su calidad como jefe de Estado, debe ser investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Sin embargo, varios de sus procesos en esa dependencia del Congreso están en veremos porque los congresistas que la componen solo sesionaron dos veces durante el 2022.
Aunque suene increíble, recientemente se confirmó que los 16 representantes que la conforman solo se reunieron dos veces en seis meses del año pasado.
Hay que recordar que la Comisión de Acusación es la responsable de investigar, además del presidente de la República, al fiscal general de la Nación, los magistrados de la Corte Constitucional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados del Consejo de Estado y los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.
Allí, deben esclarecer la responsabilidad de los funcionarios del Estado colombiano, ya sea en materia penal o disciplinaria. Sin embargo, los periodistas del noticiero CM& evidenciaron que esa comisión era la que menos reportes había presentado en el último semestre, por lo que enviaron un derecho de petición que fue respondido por los congresistas y en el que quedan mal parados.
“En el período mencionado (20 de julio al 16 de diciembre de 2022) se realizaron dos (2) sesiones, teniendo en cuenta que los integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación tomaron posesión el 30 de agosto de 2022″, aseguraron los integrantes de esa célula legislativa frente al primer interrogante de los comunicadores del informativo.
Esas aclaraciones fueron dadas por el mismo presidente de la mencionada comisión, Wilmer Carillo Mendoza, representante del Partido de la U, quien no solo confesó que solo se vio con sus compañeros para trabajar dos veces en seis meses, sino que, también, evadió la pregunta que le hicieron de los casos que están investigando en la actualidad.
“Una vez recibidos los expedientes en los cuales había quejas, denuncias o compulsas de copias, se procedió con el reparto de los mismos, siendo de aclarar que aquellos corresponden a los temas que son de competencia de la comisión, como se anunció en procedencia”, indicó.
Así mismo, no ahondaron en los casos que se repartieron durante los últimos seis meses, sino que para llenar de texto la justificación explicaron las labores que deberían cumplir. Lo más indignante, incluso, fue que generalizaron las respuestas de los avances en los casos contra el mismo presidente Petro y los demás funcionarios salpicados.
“Una vez se realizó el reparto de los expedientes a cada uno de los Representantes Investigadores, se ha procedido, por cada despacho, a realizar los autos de avocamiento, o a rechazar la denuncia o queja, según el caso. Asimismo, se han programado diligencias de ratificación y ampliación de denuncia y, posterior a ello, se realizan las diligencias de que trata la Ley 5 de 1992, en concordancia con la Ley 600 de 2000, Leyes 734 de 2002 y 1952 de 2019, así como la Ley 610 de 2000″, afirmaron en el documento, a su vez que justificaron por qué, inclusive, no han avanzado en los casos contra el primer mandatario.
“No es posible entregar una cifra exacta sobre los procesos que se han remitido por competencia, dado que que el (presidente Petro) tomó posesión el 7 de agosto y permanentemente se allegan expedientes para reparto”, comentaron.
Lo curioso es que Carillo, que preside la comisión que investiga a servidores públicos, también tiene una investigación en la Corte Suprema de Justicia por presunto peculado cuando hizo parte de la Gobernación de Santander; no obstante, ni siquiera esto lo motivó, dice el informe, a convocar sesiones para adelantar investigaciones contra otros funcionarios.