Defensoría hizo llamado al Gobierno nacional para que tome medidas hacia los más vulnerables por la inflación

La entidad también pidió que se refuercen programas como ‘Mi Casa Ya’ para que más colombianos tengan posibilidad de acceder a una vivienda ante la tasa inflacionaria alta

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La Defensoría también exhortó al Ministerio de Vivienda para que brinde más beneficios a quienes quieran comprar casa o apartamento.
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La Defensoría también exhortó al Ministerio de Vivienda para que brinde más beneficios a quienes quieran comprar casa o apartamento. Archivo.

Hay que evitar que los efectos generados por la inflación no afecten la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables. Ese fue el llamado que le hizo la Defensoría del Pueblo al Gobierno nacional por la tasa inflacionaria anual que se ubicó en el 13,34% —la más alta desde 1999— y por el aumento de la tasa de interés de intervención al 13% por parte del Banco de la República.

Al respecto, Carlos Camargo, enfatizó en que, si bien esas cifras afectan a toda la ciudadanía, tienen un impacto más fuerte en las clases media y baja; en esa medida, instó a la administración del presidente Gustavo Petro a tomar las medidas necesarias para que esos sectores no se vean tan golpeados con esos factores económicos adversos.

“Los actuales niveles de la inflación tienen un efecto en todos los ciudadanos, con una mayor afectación en las personas pobres, vulnerables y en extrema pobreza, impactando su ya deteriorada calidad de vida. Hay que evitar mayores impactos en las personas más vulnerables, que puedan generar como consecuencia la afectación del goce efectivo de sus derechos”, manifestó el funcionario.

Asimismo, la entidad que lidera recordó que la inflación es considerada como un ‘impuesto’ que a medida que aumenta, reduce la capacidad de compra en las personas, especialmente las de estratos bajos y quienes viven en condiciones de extrema pobreza. Eso, para la Defensoría, esas afectaciones a la canasta básica son configuradas como una afectación a “sus derechos económicos y ponen en riesgo sus derechos a la alimentación, nutrición y salud, entre otros”.

Por otra parte, hicieron otro llamado al actual gobierno para proteger el derecho de vivienda a partir del desarrollo de iniciativas estatales para que los colombianos tengan un techo en épocas de alta inflación y también el sector inmobiliario continúe siendo una fuente de trabajo.

“Ante los altos niveles de inflación, es necesario que el Gobierno nacional refuerce políticas como Mi Casa Ya y garantice los subsidios a la vivienda, dado que este sector además es un gran dinamizador de la economía y generador de empleo”, aseguró la Defensoría del Pueblo.

En ese sentido, exhortó al Ministerio de Vivienda para que aquellas personas que devenguen hasta cuatro salarios mínimos mensuales escojan el proyecto inmobiliario de su interés y realicen el trámite correspondiente ante determinada entidad bancaria. También recomendó al gobierno central aumentar los recursos destinados a subsidios de vivienda a fin de reducir el déficit de adquisición de casas y apartamentos en el país.

Sobre esto, el defensor Camargo puntualizó que la actividad relacionada con la vivienda y la construcción es de largo plazo, “por lo cual podría esperarse que una vez encaminada la inflación y ajustadas las tasas de interés, se den mejoras en el sector, siempre y cuando continúen las políticas de subsidio para la vivienda”.

Gobierno y gremios llegaron a acuerdos para bajarle el precio a los alimentos

En la mañana del miércoles 5 de abril, el presidente Petro publicó en su cuenta de Twitter que tras una reunión con la Andi y la Sociedad de Agricultores de Colombia —Sac—, llegaron a acuerdos para el planteamiento de medidas que permitan una reducción en el precio de los alimentos, pues a pesar de una leve baja en los últimos meses, el indicador presenta una variación de 21,81%.

Twitter (@petrogustavo)
Twitter (@petrogustavo)

Después del anuncio del jefe de Estado, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, ratificó que habrá un trabajo conjunto con el jefe de Estado a fin de que haya una notable reducción en los precios de la comida más allá de que ese efecto sea el resultado de una “política monetaria poco eficaz, inflación externa, devaluación, nuevas cargas a productos, servicios públicos, costos financieros,”

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