Procuraduría pidió controles efectivos a la construcción de vías ilegales en la Amazonía Colombiana

Por medio de un comunicado del 6 de abril, la Procuraduría General de la Nación le pidió al Gobierno nacional que implemente acciones eficaces y coordinadas de seguimiento y control, para evitar que se continúen construyendo carreteras ilegales o piratas que degradan los recursos naturales en la Amazonía colombiana.

Algunos estudios han demostrado que una de las principales razones de la deforestación es la construcción de vías ilegales. Por ejemplo, a través de un trabajo realizado por Global Forest Watch y Mongabay se evidenció que durante 2020 y 2021 se registraron alrededor de 12.801 alertas de deforestación en estos espacios, un 48% más que en 2019.

Por otro lado, el Ideam aseguró, en su Caracterización de las principales causas y agentes de la deforestación a nivel nacional período 2005-2015, que el 43% de la pérdida de bosque en la Amazonia se ubicó a menos de 1 km de una carretera.

Para anotar otro ejemplo está el estudio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible que afirmó que el 93% de las zonas abiertas por deforestación en Caquetá, Meta y Guaviare están a menos de 2 km de un acceso vial.

Ante esta realidad, en la circular 004 emitida por el ente de control y extendida a los Ministerios de Ambiente, Defensa, Transporte y a Parques Nacionales Naturales, la Procuraduría solicitó su articulación para incrementar los operativos de vigilancia sobre las áreas identificadas como núcleos activos de deforestación.

Las carreteras ilegales se utilizan como corredores para el tráfico de actividades económicas ilícitas, transporte ilegal de madera, así como para introducir ganado y colonizar territorios deforestados.

De acuerdo con María Alejandra González, especialista de cambio climático de WWF Colombia, la construcción de carreteras ilegales podrían dar paso a otras amenazas para los ecosistemas “como la explotación ilegal o no controlada de recursos naturales, como madera y minerales. Además, estas carreteras podrían proporcionar acceso a zonas anteriormente no intervenidas, acelerando el establecimiento de asentamientos humanos no planificados”, apuntó la especialista.

Las investigadoras Gloria Inés González y Luz Alejandra Gómez documentaron el aumento de las carreteras en el arco noroccidental de la Amazonía. Un ejemplo es el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena que, en 2018, tenía más de 200 kilómetros de carreteras y para 2019 elevó esa cifra a casi 300.

Yamile Salinas Abdala, abogada e investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que ha realizado varios estudios sobre uso de la tierra en Colombia, explicó en una entrevista con Rutas del Conflicto, que estos procesos de deforestación y ocupación de terrenos en zonas de preservación ambiental hacen parte de un proceso que a largo plazo permite a grandes empresas acumular predios en colaboración con servidores públicos.

Según Salinas, este proceso ya ha mostrado en el pasado cómo se desplazan comunidades étnicas y campesinas, y se destruyen los ecosistemas para que luego grandes empresas, con el apoyo de grandes políticas de Estado y en alianza con servidores públicos, legalicen la propiedad de estas tierras, o en este caso, la construcción de vías ilegales.

En su llamado, el Ministerio Público les requirió a las autoridades el reporte mensual de los proyectos de infraestructura vial que se desarrollen o se anuncien ejecutar en la región, “tanto en construcción, como en ampliación, mejoramiento y rehabilitación, informe que deberá incluir la descripción del proyecto y sobre los trámites de los permisos ambientales que se requieren, al igual que cronograma de actividades.”, puntualizó la entidad.

Finalmente, la Procuraduría instó al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Transporte ordenar la reparación de los daños causados por la apertura de vías ilegales en la Amazonía colombiana, a través de las acciones judiciales correspondientes a los responsables.