A través de un reciente informe de observaciones, la Comisión Colombiana de Juristas —CCJ— emitió varios reparos sobre los aportes a la verdad hechos por exintegrantes de las Farc que decidieron acogerse al Acuerdo Final de Paz y, en esa medida, al sistema de justicia transicional, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP—.
En el documento citado por La W, la organización representante de víctimas realizó duros cuestionamientos a las comparecencias realizadas por exguerrilleros que pertenecieron a la extinta guerrilla y, concretamente, al Bloque Occidental. En las audiencias lideradas por la magistrada Juanita Lemaitre, vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, los otrora combatientes no asumieron su responsabilidad en la comisión de graves delitos durante el conflicto armado, como el reclutamiento forzado de menores y delitos sexuales.
Para la CCJ, a los comparecientes les faltó asumir mayor responsabilidad en las audiencias bajo el argumento de que los manuales elaborados por las antiguas Farc no permitían la comisión de dichos crímenes, o simplemente culpaban a otros grupos armados ilegales que, según ellos, sí pusieron en práctica dichas conductas.
En ese sentido, la organización defensora de víctimas expuso ante la magistratura de la JEP que “el reconocimiento de la violencia sexual en todos los niveles de análisis de la Sala —territorial y nacional— ha sido nulo, y se ha caracterizado por el mantenimiento de falsos relatos que mantienen la impunidad y revictimizan a las víctimas”. Asimismo, mencionaron que esa revictimización ha consistido en hacer creer que las víctimas mujeres inventaron los casos de violencia expuestos.
El documento también expuso que la dinámica de los comparecientes ante la Sala del tribunal especial ha sido la misma respecto de la confesión del delito desaparición forzada. Sin embargo, reconocieron que algunos excombatientes del Bloque Occidental de la guerrilla que firmó el Acuerdo Final de Paz en 2016 sí aceptaron responsabilidad individual y entregaron detalles sobre estas dinámicas. Sin embargo, el patrón de conductas es de pocos aportes de información y detalles sobre aquella conducta.
Sobre esto, la CCJ reprocharon que no hay una voluntad por parte de los comparecientes “de esclarecer hechos de desaparición forzada, aceptar genuinamente su participación ni aportar a esclarecer el paradero de las víctimas”. Sumado a eso, mencionaron en su reporte que en la totalidad de casos por desaparición forzada no se puso de manifiesto una intención verídica de esclarecer hechos y conductas relacionadas con ese delito y mucho menos las ubicaciones donde fueron inhumadas víctimas de ese flagelo.
Las víctimas representadas ante la Comisión Colombiana de Juristas también expresaron críticas ante las carentes evidencias de reconocimiento para el delito desplazamiento forzado, agresiones contra integrantes de la fuerza pública y terceros involucrados en casos de secuestro.
Cabe mencionar que el viernes 31 de marzo, la organización reconoció la audiencia en la que fueron escuchados 23 firmantes del Acuerdo Final de Paz que integraron el antiguo Bloque Sur de las Farc sobre la comisión de secuestros en el conflicto armado. En total, 192 víctimas habían exigido ante la magistratura un ejercicio de comparecencia de estos excombatientes para que aportaran su verdad sobre los casos mencionados en la audiencia.
Sin embargo, la CCJ manifestó que “aunque los comparecientes reconocieron algunos crímenes de desaparición forzada y otras afectaciones vividas por las víctimas, no se refirieron a hechos documentados relacionados con violencia sexual y secuestro de niños y niñas”. Bajo ese panorama, señalaron que esperarán hasta agosto —mes en que se retomen estas diligencias— para que las demandas de las víctimas sean atendidas y los comparecientes acepen su responsabilidad por las conductas señaladas por la JEP.