Saxofones de $12 millones, castillos inflables y piscinas de pelotas: la particular compra que tiene en problemas al gobernador de Santander Mauricio Aguilar

La oficina de Mauricio Aguilar Hurtado, gobernador de Santander se encuentra nuevamente envuelta en un escándalo de presunta corrupción, en esta ocasión por presuntos sobrecostos en un millonario contrato que tiene como propósito comprar elementos para la realización de proyectos productivos y formación musical y deportiva en algunos de los Centros de Atención Especial (CAE).

El encargado de generar la denuncia en el caso fue el Comité de Transparencia por Santander, luego de hacerle seguimiento a la licitación cuyo valor es cercano a los cuatro mil millones de pesos. El mencionado acuerdo pretendía ejecutarse con diferencias en los estudios previos y con presuntos sobrecostos.

En el proceso se encontraron serias deficiencias en la elaboración de estudios que soportan la contratación, tanto, que los datos mencionados como soporte datan del 2017, los documentos previstos no mencionan la cantidad de detenidas con hijos, ni edades de los menores, tampoco se genera un análisis que sustente la necesidad de la adquisición, según mencionó Marcela Pabón, directora de Transparencia por Santander en entrevista con Revista Semana.

Con el contrato se pretende adquirir elementos lúdicos como: piscinas de pelotas, castillos inflables, saltarines, monopatines, carros eléctricos, entre otros productos, para atender a los jóvenes entre los 14 y los 18 años que se encuentran privados de la libertad.

El valor de estos elementos es muy elevado, más alto del precio comercial habitual; por ejemplo, el costo del castillo y el saltarín inflable alcanzarían los $11 millones cada uno y la piscina de pelotas costaría unos seis millones de pesos. También un kit de seis pelotas profesionales para ping pong tendrían un precio de $546.000, respecto al valor de elementos musicales como; un saxofón, este estaría alrededor de los $12 millones, un trombón en $14 millones, agregó Marcela Pabón, en el medio anteriormente citado.

Conforme al Comité de Transparencia por Santander, los Centros de Atención Especial tienen otras prioridades sobre temas de seguridad e infraestructura. De igual forma, señalaron que al comprar los precios de algunos elementos de uso común en procesos de contratación similares entre los años 2021-2023 evidenciaron un incremento de hasta el 145% de su precio individual.

Con el contexto de la situación se hace discutible que mientras en los estudios previstos se mencionan los serios problemas de infraestructura y seguridad existen en los Centros Especiales de Atención, los cuales ameritan una inversión gruesa, en el mismo proceso se pretenda adquirir los elementos mencionados.

Marcela Pabón, directora de Transparencia por Santander, concluyó su intervención mencionando que: ‘’estamos a la espera de que estas observaciones, sean resueltas por la administración departamental’'.

A finales del 2022 la Contraloría y la Procuraduría alertaron por un eventual detrimento millonario y por presuntas irregularidades en el departamento de Santander, con relación a millonarios sobrecostos en un contrato celebrado con el Instituto Departamental de Recreación y Deportes.

En la alerta al interior de Indersantander estarían presentándose temas graves como la celebración de un contrato cercano a los 500 millones de pesos con la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales (Sotea), organismo que tiene como finalidad promover el uso sostenible de los recursos naturales y el desarrollo rural, entendiendo, que esta no tiene conexión con el ámbito deportivo.

Desde la Procuraduría se buscó establecer si se presentó un sobrecosto en la adquisición de los elementos deportivos, así como una evasión de los procesos de selección objetiva al evadir la Ley 80 de 2002 para este modelo de contratación.

Otro de los escándalos que envuelve al gobernador se relaciona al Diario Vanguardia en donde se expuso en marzo del 2023 que el funcionario político presuntamente querría afianzar su presencia en el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga para ello querría contar con votos de los alcaldes, uno de estos el de Ana Francisca Coronado, dirigente de Suratá.

Como la mandataria del municipio no iba a votar por los candidatos del gobernador buscó un socio para ‘’sacarla del camino’', por ello según se comenta en el Diario se alió con Fredy Antonio Anaya Martínez, recién destituido contralor del departamento, el cual hasta el momento continúa en el cargo, Hugo Aguilar y Antonio Anaya habría entramado un embuste para perjudicar a la alcaldesa.

Ya que decidieron suspender a la alcaldesa y a su secretario de gobierno, Mario Eduardo Hernández, para abrir el camino y poder encargar en esa Alcaldía como un aliado del gobernador. De esta manera Aguilar podría realizar nombramientos partidarios.