En noviembre de 2022 la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 024/022 donde advirtió sobre los riesgos para las comunidades indígenas en las selvas de Guaviare, Guainía, Meta y Vaupés por accionar de las disidencias de las Farc y de otros grupos armados ilegales.
“Estos riesgos para la población indígena de la región, de manera particular para los menores de edad, se suman a la situación de confinamiento y amenazas que afecta a por lo menos 59 comunidades indígenas y a los habitantes de ocho barrios en la capital de Vaupés”, explicó la entidad en aquel momento.
Pues cinco meses después de aquella alerta el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se volvió a referir a la situación de los indígenas en el Vaupés.
“La situación es preocupante. Nuestros equipos en terreno han recibido información acerca del desplazamiento forzado de al menos 10 familias, 47 personas, incluidos 16 menores de edad, procedentes de la comunidad de Bocas de Uga, localizada en la ribera del río Apaporis, zona limítrofe con el Amazonas”, advirtió el funcionario.
De acuerdo con la información suministrada por la entidad del Ministerio Público, estas personas, todas indígenas, están llegando masivamente al municipio de Taraira (Vaupés), “en donde se espera el desplazamiento forzado de tres comunidades más, debido a presuntas amenazas por parte de grupos armados al margen de la ley”, se lee en el comunicado del miércoles 5 de abril.
Adicionalmente, a través de la Regional Vaupés, la Defensoría del Pueblo también había alertado sobre los asesinatos registrados en el departamento y que están causando el desplazamiento de las comunidades.
También se conoció que en Consejo de Seguridad Departamental Extraordinario, convocado por la Regional Vaupés el 1 de abril, se solicitó nuevamente la presencia urgente de la fuerza pública en la zona del bajo Apaporis, en donde no hay presencia del Ejército.
“Solicitamos al Ejército Nacional que haga presencia en el municipio de Taraira, con el fin de proteger la vida, honra y bienes de las comunidades que se están viendo afectadas con la incursión de los grupos al margen de la ley”, aseguró Carlos Camargo Assis.
Entre las advertencias adelantadas por la entidad se puede destacar que las disidencias de las Farc están imponiendo férreos controles sobre la población residente, la cual se ve afectada en sus actividades cotidianas y comerciales. Su injerencia se cierne con mayor riesgo sobre las comunidades indígenas y demás residentes, que se asientan en el área rural de los municipios de Mitú y Carurú.
La alerta temprana de 2022 también resaltó, que además de los intereses de narcotráfico, aliados con carteles de México y Brasil, las disidencias de las Farc y grupos paramilitares buscan el control de la explotación ilegal de los recursos naturales, con el agravante de que comenten los delitos en territorios ancestrales.
“Los pueblos indígenas deben enfrentar la situación con mayor preocupación, dados los crecientes intereses de agentes foráneos, bien sea frente a recursos mineros, cocaleros o como corredores de movilidad y tráfico de narcóticos”, señaló la institución en su llamado.
Finalmente, en sus declaraciones del 5 de abril, el defensor del Pueblo le pidió a las autoridades tomar acciones urgentes ante el riesgo en que se encuentran las comunidades indígenas del departamento, e indicó que la entidad a su cargo “emitirá una alerta de inminencia específicamente para esta zona”.
Hay que destacar que en Colombia entre 2005 y 2016 se desplazaron 52.521 personas pertenecientes a pueblos indígenas, según cifras oficiales. Los departamentos más afectados fueron Guaviare, Caquetá, Arauca, Norte de Santander, Magdalena, Meta, Guainía, Vaupés y Putumayo.
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