El viernes 31 de marzo el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, defendió el articulado del proyecto de ley de humanización del sistema penitenciario y carcelario, rechazando que esté hecho para beneficiar a los narcotraficantes.
En su intervención en la audiencia pública de las comisiones primeras de Senado y Cámara, realizada en la Universidad Libre de Cúcuta, Osuna enfatizó que “no ha habido en los últimos tiempos ningún otro gobierno tan lejano a las dinámicas del narcotráfico como este”.
Siguiendo esa línea, el jefe de la cartera de Justicia expresó que el Gobierno nacional es consciente de que el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico es el de los campesinos y cultivadores de hoja de coca, “a quienes responderles con el aparato penal del Estado no es razonable”.
“No proponemos que esto deje de ser delito, pero sí que haya un tratamiento penal alternativo para esos cultivadores”, indicó.
Desde la Universidad Libre de Cúcuta, Néstor Osuna aprovechó para responderle a los críticos de la ley de humanización penitenciaria, entre ellos, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.
“El fiscal y otras personas han criticado, creo yo, que con un exceso de ruido desproporcionado, las dimensiones del artículo que cobija a pequeños agricultores que deriven su sustento de cultivos ilícitos. La idea allí propuesta, la verdad, no es para narcotraficantes, jamás”, dijo Osuna.
Además de eso, el ministro de Justicia afirmó que una vez aprobado el proyecto de ley de humanización del sistema penitenciario y carcelario buscará establecer convenios con la empresa privada, con el fin de que se contrate a privados de la libertad y a pospenados.
Néstor Osuna también recordó que durante los últimos 20 años Colombia ha entrado en una espiral de punitivismo, con una tendencia a aumentar penas, disminuir beneficios para personas condenadas, crear delitos nuevos y pensar de modo errado que mediante el derecho penal se podría dar solución a múltiples problemas sociales.
“Ese agravamiento de la privación de la libertad, esa confianza excesiva de que la cárcel puede servirle en algo a la sociedad, no había disminuido los índices de criminalidad ni permitido la resocialización de las personas privadas de la libertad”, agregó desde Cúcuta.
Por esa razón, señaló que este proyecto de ley no contempla una rebaja general de penas, pues en línea con los criterios de la Corte Constitucional, se propone una disminución de las penas máximas, de 60 a 50 años para concurso de delitos y de 50 a 40 para un solo delito.
De acuerdo con el Gobierno nacional, el proyecto de ley de humanización del sistema penitenciario y carcelario persigue cuatro objetivos fundamentales:
1. Enfrentar el afán punitivo con que se ha legislado en las últimas décadas, que la Corte Constitucional ha señalado como un defecto del sistema.
2. Hacer una apuesta por la justicia restaurativa como mecanismo útil y expedito de resolución de diversos conflictos sociales que se suelen tramitar por la vía penal de forma menos efectiva.
3. Buscar que la etapa de ejecución de las penas cumpla su finalidad constitucional
4. Favorecer la seguridad.
Paralelamente, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández, participó de otra audiencia pública en la Universidad Cooperativa de Pasto (Nariño), donde recordó que la iniciativa presentada al Congreso de la República, el pasado 6 de febrero, no se construyó en una oficina en Bogotá, sino realizando diálogos y grupos focales con jueces de ejecución de penas, y que busca avanzar en la solución del Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional hace 25 años.
“Queremos generar un mecanismo de resocialización para que las personas que ingresen al sistema penitenciario puedan salir mejor y no peor. Las cárceles, según la Corte Constitucional, son universidades del delito en las que cada mes pagamos por cada persona $ 2.600.000″, dijo al manifestar que la idea es tener un sistema penitenciario y carcelario mucho más racional.
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