Comunidades de Gorgona denunciaron al procurador ambiental por obras de base militar

A través de un comunicado, comunidades de Gorgona, reunidas en el Círculo de Pensamiento Ambiental (Cirpa), dieron a conocer la instauración de una denuncia penal en contra de Gustavo Guerrero Ruiz, quien ejerce como procurador ambiental, luego de que formulara e indicara que la “Licencia Ambiental de estación de guardacostas de la Armada en Gorgona está en firme y su ejecución es fundamental”.

Los líderes y los habitantes no han dejado de luchar en contra de la construcción de la base militar estadounidense que, hasta el momento, ya inició operaciones en la Isla, frente a las que siguen estando en contra y continúan agotando recursos para que se revisen todas sus implicaciones.

De acuerdo con la información del documento de la denuncia, el procurador sostenía que el proyecto no solo tenía viabilidad, sino que también resaltó que “... goza de presunción de legalidad, contempla la evaluación de impactos ambientales y es plenamente ejecutable además de indispensable”.

Por esta razón, la denuncia ante la Fiscalía ante la Corte Suprema se orienta a iniciar una investigación al procurador por prevaricato por acción y omisión, luego de que desconociera la prohibición del Manual de Compensación por Pérdida de Biodiversidad que fue autorizado en la Resolución 157 de 2012 por el Ministerio de Ambiente.

A esto se sumaría el incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental por la Armada, complicidad y promoción de delitos de Daños en Recursos Naturales y Ecocidio e Invasión de Áreas de Especial Importancia Ecológica, incluyendo la deforestación de la zona para la construcción de una antena en Parque Natural, lo cual, indicó el documento: “… constituye una pérdida de biodiversidad, así como la transgresión del Principio de Precaución establecido en la Ley 99 de 1993″.

Sin embargo, cabe mencionar que, a través de un documento, el Comité Salvemos Gorgona había solicitado cumplir la suspensión del proyecto y exigía una audiencia pública en el que se continuaran las exposiciones sobre los impactos medioambientales y sociales que representaba la construcción.

Cirpa señaló que esta decisión del procurador, insta a que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales revise el cronograma de ejecución del proyecto, “... información que será referida por la Procuraduría, para la eventual solicitud de una audiencia pública ambiental de seguimiento”, la cual fue negada y que “... niega trascendencia a una eventual Consulta Previa al considerar que no es canal legal válido para suspender la licencia”.

Finalmente, la denuncia declaró:

“El Círculo de Pensamiento Ambiental llama la atención que, no obstante ser la Procuraduría un organismo cuyas funciones constitucionales son proteger los derechos humanos y defender los intereses colectivos, en especial el ambiente, el Procurador Ambiental haya omitido invitar a la sociedad civil y las organizaciones ambientalistas que viene liderando la defensa de Gorgona como Isla Ciencia y la fragilidad de su Mundo Marino…”

Finalmente, resaltó la participación de los colectivos en defensa, “... especialmente de sus Jorobadas Ballenas Yubarta, mientras que el Procurador está promoviendo la implementación de infraestructura para la guerra no obstante que la Declaración de Río de Janeiro (1991) determinó que está lesiona el desarrollo sostenible”.

Con comunicado en mano, el Comité Salvemos Gorgona, un ente que le ha hecho frente al proyecto que busca continuar la construcción de una base militar estadounidense en la Isla hizo un llamado a la Procuraduría para que, a través de una Audiencia Pública Ambiental, entreguen información verídica sobre el proyecto, pues consideran que se ha emprendido una campaña mediática para desinformar a la ciudadanía.

Según indicaron en el documento que se conoció a través de Instagram por la cuenta Unidos por Gorgona, Organización para la conservación del medioambiente y que fue publicado el 31 de marzo de 2023, este pronunciamiento responde a la:

“... agresiva y deshonesta campaña mediática emprendida por el Ministerio de Defensa, y la Armada Nacional, ideada para desinformar a la ciudadanía, tratando de vender como inofensivo e ilegal el proyecto para la construcción de una subestación militar y la instalación de un radar estadounidense en la Isla Gorgona…”

Ante esto, anuncian que seguirán pronunciándose en contra de lo que consideran un “agravio que amenaza con destruir” la riqueza natural de la región y “la soberanía del país”.

Si bien reconocieron que por fin se habría dado una primera audiencia a la que habían hecho llamado desde hace varias semanas, en el que además la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, habría asegurado la suspensión del proyecto, siguiendo la petición de la vicepresidenta Francia Márquez hasta que se tuviera total información sobre las implicaciones medioambientales, declaran recibir con “decepción y desconfianza” entrevistas emitidas en las que el Ministerio asegura que el proyecto seguirá en marcha.

También destacan que durante esa audiencia que sostuvieron por más de cuatro horas, en las que estuvieron presentes miembros de la Armada, la ministra de Ambiente, la vicepresidenta Francia Márquez, Parques Nacionales y la comunidad de la Isla de Gorgona expusieron las razones ambientales, políticas y técnicas por las cuales se oponen rotundamente al avance del proyecto, de ahí su extrañeza con las menciones contradictorias.

Incluso, señalaron que insisten “... en la necesidad de cesar con el tono de criminalización hacia quienes nos oponemos de forma democrática y pacífica a este proyecto, evidenciado en la entrevista de la Sra. Salud Hernández en la Revista Semana y en varias otras entrevistas de oficiales de la Armada”.

El Comité Salvemos Gorgona extendió el llamado a la ciudadanía para fortalecer lazos y emprender plantones y marchas para unirse en pro de la necesidad de detener el proyecto.

“Debido a que ni las ballenas yubartas, ni los delfines, ni las tortugas o el endémico lagarto azul pueden hacerlo…”.

Asimismo, invitaron también a “... estudiantes, trabajadores, agricultores, sindicalistas, pescadores, buzos, operadores turísticos y demás sectores de la sociedad que integran o no este Comité, para que se sumen…”, y de esta manera puedan dar mayor claridad tanto a las autoridades, como a la opinión pública la problemática que supone el proyecto en el territorio.