El 29 de marzo del 2023, la organización social Temblores ONG hizo público el informe “El estado de la impunidad”, en el que se analiza los casos de violencia y crímenes cometidos, presuntamente, por miembros de la fuerza pública, entre 2015 y 2020. Aseguró que en el periodo estudiado se presentaron 974 denuncias de homicidios, de las cuales solo el 9,2% tiene sentencia condenatoria.
La investigación se construyó con la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, la Justicia Penal Militar, Medicina Legal y el Consejo Superior de la Judicatura; también se realizaron entrevistas a víctimas de violencia policial y revisión de la bibliografía legal. La recolección de los datos se hizo entre enero de 2021 hasta diciembre de 2022.
Entre los hallazgos figura que la violencia ejercida por agentes de la fuerza pública, la Policía Nacional en particular, se basa en dos elementos: violencia simbólica y física. En el primer caso, los procedimientos están acompañados por hostigamientos y amenazas de conducir al ciudadano a un centro de retención temporal; en el segundo, se atacan las manos y piernas de las víctimas.
“En el caso de la Policía Nacional, hemos identificado cuatro elementos que caracterizan su actuar desproporcionado: I) gozan de la legitimidad estatal por lo tanto se sienten blindados ante la ley II) la violencia es perpetrada por varios miembros de la fuerza pública simultáneamente, es decir, se ejerce en grupo) aíslan a las víctimas dentro de edificaciones y/o lugares pertenecientes a la fuerza pública IV) cuentan con armas de dotación de letalidad alta y reducida”, se explicó en el documento.
Temblores explicó en el documento que, en el periodo analizado la Fiscalía registró 7.383 denuncias por violencia física, en los que el agresor es, presuntamente, un agente de la fuerza pública. De los cuales, 3.963 corresponden a agentes de la Policía, 1.821 a miembros del Ejército Nacional y 1.371 a personal sin confirmar.
En el caso de violencia homicida, la ONG contabilizó 448 procesos contra agente de la Policía, 249 por militares no identificados y 277 en el caso de personal vinculado al Ejército Nacional, para un consolidado de 974 casos, aunque desde Temblores explican que esta cifra, proporcionada por la Fiscalía, contrasta por la brindada por Medicina Legal, según la cual, los casos de homicidio llegan 1.215.
Además, desde la organización advierten sobre la posibilidad de que exista un subregistro, debido a que no todas las personas denuncian. Evidenciaron que no hay celeridad en los casos, se presentan altos tiempos de investigación y ausencia de condenas por estos crímenes.
Otro de los crímenes estudiados es la violencia sexual, cometida principalmente contra las mujeres. El informe habla de 948 investigaciones emprendidas por la Fiscalía, de la cuales son en 383 se realizaron exámenes, el 40,2% de los casos. La ONG encontró que en muchas ocasiones las víctimas no quieren sentirse revictimizadas, por lo que prefieren no pasar por un examen físico.
“En los datos entregados por la Fiscalía entre los años 2015 a 2020 hubo 974 denuncias de homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública. De estos 974 homicidios: 706 (72,4%) se encuentran activos, 46 (4,7%) están archivados, 90 (9,2%) sentencia condenatoria y tan sólo 7 (0.72%) en sentencia absolutoria. Durante el mismo periodo de tiempo, se trasladaron 125 denuncias por homicidio a la Jurisdicción Penal Militar, que corresponde al 12,8%”, se asegura en el documento.
Finalmente, la ONG emitió una carta pública dirigida al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en la que solicitó mayor accionar por parte del ente investigador, así como una reunión con el funcionario. El mensaje fue compartido por el presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de Twitter.
A continuación, puede consultar la totalidad del informe:
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