Cuatro organizaciones sociales se pronunciaron en contra de las declaraciones del fiscal General de la Nación Francisco Barbosa, puntualmente las realizadas en contra de la Paz Total. Aseguraron que su posición constituye una interferencia al principio de separación de poderes, y le hicieron un llamado para se abstenga de usar su cargo con fines políticos.
Los firmantes son el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo y las plataformas de derechos humanos, Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos – Cceeu.
En el documento, de cinco páginas, se recopilaron distintas declaraciones dadas por Francisco Barbosa a la prensa nacional, entre el 16 y 22 de marzo. Los denunciantes exponen cuatro puntos, frente a las interferencias con el programa legislativo del Congreso de la República y las reformas propuestas por el Gobierno nacional.
En el primer punto, obstáculos a la Paz Total, se aseguró que las posturas de Barbosa impiden el desarrollo de la propuesta. En el documento explican que ocho de las preocupaciones expresadas por el fiscal fueron incluidas en el proyecto presentado al legislativo. No obstante, el funcionario declaró a los medios que en todos los proyectos de ley presentados por el Gobierno de Gustavo Petro, se incluyen artículos relativos al narcotráfico, un comentario que fue calificado de “irresponsable”.
En el comunicado argumentaron que cuando Barbosa afirmó “no voy a dejar que pase esa norma”, en declaraciones para Noticias Caracol, se constituyó una afectación al poder legislativo en el país.
“El país no puede correr el riesgo, una vez más, de que se afecte el cumplimiento de los Acuerdos de Paz por las actuaciones de quienes dirigen la Fiscalía General de la Nación. Ya sucedió en el proceso de Paz con las FARC-EP, donde el ex fiscal Néstor Humberto Martínez adelantó acciones que condujeron al entrampamiento de la dirigencia de las extintas FARC-EP, llevando al retorno de algunos de sus integrantes a la actividad armada, y al surgimiento y expansión de sectores de las llamadas disidencias y la Segunda Marquetalia” reza el documento.
En relación con el Plan Nacional de Desarrollo, proyecto actualmente en trámite, el fiscal Barbosa manifestó sus reparos en torno al programa de sustitución de cultivos ilícitos, planteado por el Gobierno nacional.
En una entrevista con Semana afirmó que “les van a entregar recursos de forma directa a quienes se dedican a la actividad industrial del narcotráfico”, los firmantes explicaron que esta declaración pone en riesgo a las familias que desarrollan este tipo de actividades, desprecio por la economía popular y estigmatización a comunidades vulnerables.
“Estos señalamientos no solo atentan contra cientos de miles de familias y comunidades indígenas que subsisten de cultivos de uso ilícito, quienes han padecido las masacres y asesinato de sus líderes/as, sino que desconoce la autoridad de los gobiernos propios, profundizando los niveles de riesgo bajo una renovada calificación de ‘enemigo interno’”, argumentaron.
En el tercer punto del comunicado, cuestionaron la falta de avances en las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General de la Nación, subrayando las denuncias sobre corrupción en entidades como la Sociedad de Activos Especiales (SAE) o los presuntos casos al interior de la Unidad Nacional de Protección (UNP), denunciados por la actual administración, también referenciaron la “ineficacia” en los casos contra líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz.
Ante el panorama descrito en el comunicado, los firmantes hicieron tres pedidos. El primero dirigido a Francisco Barbosa, para que se “abstenga de continuar usando su cargo como un instrumento político para oponerse al programa de gobierno y, en especial, a las acciones encaminadas a reglamentar y poner en vigencia los acuerdos y disposiciones normativas de la Paz Total”.
El segundo, a la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República, exigiendo iniciar indagaciones en contra del fiscal, por presuntos:
“ilícitos de abuso y extralimitación en el ejercicio de sus funciones, obstaculización a la labor legislativa y las facultades del Gobierno para conducir la consecución de la paz, y la estigmatización en contra de pueblos indígenas, sectores sociales, familias cultivadores y sectores de la economía popular con los que se busca adelantar labores de fortalecimiento del tejido social en el PND”, indicaron en el documento.
Finalmente, hicieron un llamado a la Corte Suprema de Justicia, a la que piden tener en cuenta este tipo de conductas, para el momento en que se desarrolle el proceso de elección del remplazo del actual Fiscal.
A continuación, puede encontrar la totalidad del documento.
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