La Procuraduría general de la Nación abrió, el martes 28 de marzo, una indagación preliminar en contra del gobernador encargado del departamento de La Guajira, José Jaime Vega Vence, por los aparentes retrasos y la mala ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en sus respectivas jurisdicciones, en lo corrido de este año.
Esta fue una medida que también se le abrió a los alcaldes de la capital del departamento, Riohacha, Jose Ramiro Bermúdez Cotes, y del municipio de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar, por las mismas irregularidades relacionadas con la alimentación de la primera infancia.
La indagación también se le abrió a Adaulfo Manjarrez Mejía, Jesús David Herrera Mendoza y Yenelca Gutiérrez Fajardo, secretarios de Educación de La Guajira, Riohacha y Uribia, respectivamente, así como a otros funcionarios de esas entidades territoriales y quienes también habrían incidido en las irregularidades que están siendo investigadas.
“La Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira indaga las razones por las cuales aún no se ha culminado el trámite contractual para la implementación del Plan de Alimentación Escolar, tanto el mayoritario como el étnico, en sus respectivas jurisdicciones, y de esa forma garantizar la prestación del servicio”, advirtió a través de un comunicado a la opinión pública la Procuraduría este martes.
Amerita tener en cuenta que, entre algunas de las pruebas solicitadas por el órgano de control, tanto la gobernación como las alcaldías investigadas deberán entregar una copia de los actos administrativos expedidos por cada entidad territorial donde se fijaron las fechas de inicio y finalización de calendario escolar, así como el número de beneficiarios proyectados para atender durante el 2023.
En el caso de la Gobernación de La Guajira, la información requerida se refiere a los municipios no certificados, cuya contratación depende directamente de esa entidad territorial, que son La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Dibulla y Manaure.
“Con la apertura de esta indagación, el Ministerio Público busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, concluyó la entidad.
FAO llamó la atención por los altos índices de desnutrición
Si bien es cierto que el PAE es uno de los programas a los que más se les presta atención a lo largo del territorio nacional, en el departamento de la Guajira es particularmente sensible, considerando que este es una de las regiones del país en donde más se padece hambre.
De hecho, a finales del año pasado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hizo un llamado de atención al Gobierno de Colombia ante el número de niños fallecidos en La Guajira por desnutrición. El organismo internacional advirtió que las políticas implementadas han sido deficientes en la lucha contra el hambre en el departamento del Caribe.
Las cifras, con corte al 15 de diciembre de 2022, dieron muestra de eso pues habían fallecido 76 niños en lo corrido del año pasado, ante lo cual el representante de esta organización en Colombia, Diego Mora, criticó a la administración del gobierno de Gustavo Petro por la falta de gestión en esta zona.
En un país con abundancia de fuentes hídricas y con un sector agrario con el nivel de producción con el que cuenta Colombia, es un error del Estado que casos como estos se sigan presentando, argumentó el representante de la FAO.
El año pasado las cifras de desnutrición infantil fueron muy altas, y con corte a mediados de diciembre un reportes de la Procuraduría dio cuenta que, hasta el tercer trimestre del 2022, habían fallecido más de 100 niños en Colombia a causa de la desnutrición.