Tal parece que al Gobierno nacional no le estarían rindiendo frutos las estrategias para erradicar cultivos ilícitos. De acuerdo con las recientes cifras del Ministerio de Defensa no se habría avanzado como se esperaba en erradicación ni incautación tanto de coca como de otros alucinógenos.
Por ejemplo, días atrás, se conoció que el Ejército nacional no había erradicado hectáreas de esos cultivos de uso ilícito en lo corrido del 2023. Esto no solo ocasionó la protesta del gobierno de los Estados Unidos, sino un sinsabor entre sectores de oposición al gobierno de Gustavo Petro, presidente de la República, que lo sindican de, supuestamente, ser laxo con los narcos.
Ahora, el MinDefensa, dirigido por el ministro Iván Velásquez, evidenció que entre enero y febrero de 2023 se incautó mucha menos droga que en ese mismo lapso de tiempo pero del 2022, cuando las autoridades decomisaron 121 toneladas de cocaína.
Sin embargo, en los primeros dos meses del actual año, solo hay reportes de 74 toneladas incautadas, que de acuerdo con la cartera representa una reducción del 39 por ciento. Es decir que el gobierno Petro ha dejado de decomisar alcaloides 47 veces menos que lo que hacía el gobierno del expresidente uribista Iván Duque, quien dirigía los destinos de Colombia el año anterior.
De hecho, esas incautaciones durante el gobierno Petro han sido algunas de las más bajas en los últimos 10 años. Según deja ver la gráfica de la cartera, así han sido los decomisos de coca en la última década, desde el gobierno de Juan Manuel Santos, en el primer bimestre anual:
2013: 25 toneladas
2014: 25,1 toneladas
2015: 40,7 toneladas
2016: 38,0 toneladas
2017: 70,5 toneladas
2018: 78,0 toneladas
2019: 63,4 toneladas
2020: 88,7 toneladas
2021: 117,7 toneladas
2022: 121,7 toneladas
2023: 74,4 toneladas
Salvo algunos años, incluidos en los que se confinó a los colombianos por la pandemia, este 2023 ha sido uno de los que menos se ha impactado al narcotráfico en materia de incautación. Sin embargo, en radicación, el panorama no mejora tampoco.
Días atrás, las cifras del Ministerio de Defensa volvieron a dejar mal parado al Gobierno porque, pese a que la Policía había erradicado 2.477 hectáreas de cultivos ilícitos, el Ejército nacional no había logrado avances en esa materia, pese a ser otra de las instituciones encargadas de combatir esas siembras ilegales.
Los comparativos también reflejan una alarmante disminución con años anteriores. Tan solo entre enero y marzo del 2022, Colombia se había desecho de poco más de 18 mil hectáreas de cultivos criminales. Sin embargo, como ya se mencionó, en este trimestre del año van apenas casi 2500 erradicaciones.
Esto se conoce luego de que, a inicios de febrero de este año, el coronel de la Policía Antinarcóticos, Edgar Cárdenas, aseguró que se encontraban pausadas las labores de erradicación mientras se preparaba una estrategia para seguir con esa iniciativa, promovida y recomendada desde Estados Unidos.
“Nos encontramos en un proceso de alistamiento en cuanto a reentrenamiento de nuestros hombres y esperando que se establezca el lineamiento del ministerio para iniciar la actividad de erradicación de cultivos ilícitos e ingresar a los lugares definidos para este fin. Mantenemos las reuniones con el Gobierno nacional”, mencionó el coronel Cárdenas.
Por su parte, Néstor Osuna, ministro de Justicia, dio a conocer detalles sobre el proceso de erradicación de cultivos ilícitos que el Gobierno está socializando con el Consejo Nacional de Estupefacientes, con el que sería posible determinar las especificaciones que darían continuación a la erradicación, de acuerdo a la extensión de los cultivos, y luego de que se cambió la meta para este año.
“Lo que quiere el Gobierno Petro es no enfocarse directamente en los cultivos sino en los grupos que son los dueños de esos cultivos, para ver si de esa forma realmente hay una disminución importante (...) Por eso se hace transformación de la meta e intenta con la lógica de paz total abarcar la mayor cantidad de municipios y grupos donde están localizados los cultivos ilícitos en Colombia”, opinó Néstor Rosanía investigador en conflictos armados y docente de la Universidad Externado de Colombia.