Acusan a las antiguas Farc de someter a los secuestrados a trabajos forzados: sus excomandantes respondieron

En el marco de las declaraciones de verdad que se adelantan ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), excomandantes del Bloque Sur de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) confirmaron que la ideología del grupo armado no era utilizar secuestrados para realizar trabajos forzados, sin embargo, algunas víctimas dicen lo contrario.

Uno de los casos que se conoció fue el secuestro de un hombre retenido en Paujíl, Caquetá, en el año 1998 por la guerrilla, quien fue retenido ilegalmente y acusado como paramilitar. Durante su secuestro lo obligaron a trabajar en la construcción de una carretera. Según este suceso, José Benito Cabrera, alias Fabián Ramírez, explicó:

“El caso del señor NTZ, sentimos que le hayan ocurrido estas atrocidades. Lo que queremos mencionar es que por ese sector no era zona del 14, pero está muy cerca de Anayacíto Doncello, Caquetá”.

Además Cabrera relató que en ese momento se encontraba en la zona de despeje en San Vicente del Caguán, por lo que aseguró que cuando una persona es acusada de paramilitarismo, no se le puede poner a trabajar por considerarlo un enemigo. “Cómo se le va a entregar a una persona sospechosa de paramilitarismo un machete, o herramientas para trabajar”, indicó alias Fabián Ramírez.

José Benito Cabrera también relató que por medio de las Juntas de Acción Comunal ubicadas en los municipios donde las extintas Farc, “hacían presencia tenían unas normas de convivencia y le pedían a la guerrilla ejercer control ante hechos como la inseguridad, la drogadicción o el abuso de los hombres en contra de las mujeres”.

De esta manera, con los anteriores relatos la JEP investigará el caso, una denuncia más por parte de víctimas de las extintas Farc. La entidad ya había indagado al secretariado con respecto a trabajos forzaos al interior de ese grupo armado. Por su parte, la Jurisdicción advirtió que en caso de ser ciertas las afirmaciones se estarían dando a conocer casos de esclavitud durante el conflicto armado.

La entidad comunicó el miércoles 1 de marzo que la Sala de Reconocimiento de Verdad identificó a 94 víctimas de reclutamiento y utilización de niñas y niños, en el conflicto armado, por parte de miembros de la fuerza pública. Dicho hallazgo se dio de manera preliminar en la investigación que realiza la Jurisdicción en el Caso 07: Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, subcaso fuerza pública.

La noticia la dio a conocer la JEP por medio del auto 046 de 2023. En este documento, la justicia de paz señaló que en el Caso 07 ha recibido 49 informes que se refieren a hechos de reclutamiento y utilización de niños y niñas en el marco del conflicto, 36 han sido presentados por instituciones u organizaciones no estatales y 13 por instituciones del Estado.

Hay que señalar que la JEP realiza su investigación del Caso 07, tanto por hechos cometidos por las antiguas Farc, como por parte de la fuerza pública.

Según el tribunal, los 94 niños y niñas reclutados por la fuerza pública ocurrieron antes del 1 de diciembre de 2016. En lo expresado en el auto, este universo de víctimas registra un pico significativo a partir de 2006 hasta 2009, periodo en el cual se encuentran el 72% de las víctimas identificadas.

Respecto del lugar de ocurrencia de los reclutamientos forzados, el departamento del Cauca concentró el mayor número de victimizaciones, con el 28% del total de hechos identificados. Le siguen Valle del Cauca, Nariño y Antioquia. Asimismo, el 87% de las víctimas son de sexo masculino. Respecto a las estructuras presuntamente responsables, en 81 casos se relacionó al Ejército Nacional como victimario.

Sobre la responsabilidad de las antiguas Farc en este delito, la JEP señaló que a la fecha se han acreditado 579 víctimas individuales, que fueron reclutadas por la extinta guerrilla antes de la dejación de armas en 2016, tras firmar el Acuerdo Final de Paz con el Estado colombiano. La Sala de Reconocimiento de Verdad ha identificado que algunas de estas víctimas sufrieron violencias por parte de agentes de Estado, principalmente en los procesos de captura, desvinculación y desmovilización, así como en la conducción de combates.