Luego de que desde el Juzgado 181 Penal Militar emitieran una orden de captura en contra del coronel Javier Antonio Castro, comandante de Policía en Caquetá, el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, aseguró que respondería por el oficial, ya que estaba cumpliendo con sus ordenes de no atacar a la población civil.
“Repondo ante el juez miliitar que juzga a mi jefe de policia en el Caquetá por mis órdenes de no matar a la población civil (sic)”, expresó el jefe de Estado a través de su cuenta oficial de Twitter en la noche del jueves 23 de marzo.
En la misma publicación en la red social, el mandatario exigió que no se presionen a los miembros de la Fuerza Pública para que abusen de su autoridad contra la población civil.
“Yo soy el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares. Soy el único responsable de las acciones en los Pozos, Caquetá. No quiero jueces que presionen que se bombardeen niños, que hagan falsos positivos, o se masacre a los manifestantes. Mis tropas jamás bombeardarán niños”, reprochó.
Petro, además, se comprometió a que todos los uniformados que respeten los derechos humanos cuenten con apoyo jurídico en situaciones como la del coronel Castro.
“Los mejores juristas internacionales en defensa de derechos humanos serán contrados para defender a los oficiales de policía que defiendan los derechos humanos en Colombia (sic)”, sostuvo.
Y es que la protesta en el campo petrolero de Los Pozos, que se reportó a inicios de marzo, sigue dando coletazos, ya que allí resultó muerto un policía y un civil, incidente que provocó que los manifestantes retuvieran a 78 uniformados, hecho que ha estado en controversia, ya que se le ha considerado un secuestro, incluso así lo consideró el general Henry Sanabria, director de esa institución, en una entrevista que concedió al informativo de televisión, Noticias Caracol.
“El señor ministro (Alfonso Prada), en su momento, fue de alguna manera fue constreñido por estas personas y supeditaron la entrega de los policías a que el señor presidente fuera y eso no iba a pasar. En segundo lugar que si el documento, el protocolo a entregar, no quitaban la palabra secuestro no los entregaban. Entonces el señor ministro dijo —Coloquemos entonces lo que ustedes quieren—. Pero es claro que fue un secuestro y así el señor ministro lo ha dicho”, dijo el alto oficial.
Esto conllevó a que en la tarde del jueves, el juez 181 de instrucción Penal Militar ordenara la captura del coronel Castro, por no haber actuado con efectividad para evitar que esa situación se perpetrara, aun cuando recibió el llamado de auxilio por parte de uno de los miembros de la institución.
La división judicial podría condenarlo por el presunto delito de omisión, ya que su gestión habría sido nula en medio de la asonada de una comunidad campesina en zona rural del municipio, que además tendría una agravante, puesto que esta situación cobró la vida de uno de los uniformados.
Los hechos que ocurrieron en inmediaciones de Los Pozos, en este municipio de San Vicente del Caguán, aún son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales del país. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría informaron que iniciaron el proceso de estudio del caso para determinar si realmente se trató de un secuestro por parte de los campesinos.
A pesar de la intervención del ministro del Interior, Alfonso Prada, en ese momento, la situación derivó en una confrontación que cobró la vida de dos personas, uno fue identificado como miembro de la comunidad campesina y el otro como un uniformado de la Policía Nacional.