Indígenas wiwa y wayuu víctimas de ‘falsos positivos’ exigieron verdad y justicia en audiencia ante la JEP

Nueve sillas vacías fueron ubicadas en primera fila durante la segunda jornada de audiencia de observaciones adelantada por la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— correspondiente al subcaso Costa Caribe, contemplado en el Caso 03, encargado de investigar los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado —'falsos positivos’—.

Esas sillas representaron al mismo número de familias wiwa y wayuu que siguen buscando a sus seres queridos, quienes fueron desaparecidos en el marco del conflicto armado. Al respecto, el magistrado Oscar Parra señaló que actualmente el tribunal de paz analiza 152 hechos cuestionados en los que murieron 236 personas producto de 269 resultados operacionales de muertes en combate realizados entre 2004 y 2008 por integrantes de la Décima Brigada del Ejército.

Sobre las 8:30 de la mañana inició la diligencia en San Juan del Cesar. Allí, autoridades indígenas de las dos comunidades expusieron su apremio por conocer la verdad de lo ocurrido a integrantes desaparecidos y asesinados de ambos pueblos.

En ese sentido, la JEP contempló que la violencia ejercida contra ellos también tuvo un fuerte impacto “en la cosmovisión de los pueblos, en su espiritualidad, en el territorio y su relación con él”. Cerca de 80 comparecientes, entre los que se encontraban jefes de inteligencia, comandantes de batallones y uniformados de distinto rango, estuvieron presentes en la audiencia para escuchar las peticiones de familiares de las víctimas, entre ellas Manuel Salvador Daza.

El integrante del pueblo wiwa exigió verdad sobre el crimen cometido contra Robinson, Pedro y Manuel Enrique, tres de sus hermanos. De paso, confesó que espera tener frente a frente a los comparecientes para que respondan por esos asesinatos.

“Yo digo que tenemos que estar cara a cara para hacerles esa pregunta así como se la hice al señor —Jorge— Navarrete en Valledupar. ¿Por qué tomaron la decisión de matar directamente a los muchachos, por qué motivo? Es la pregunta que yo me hago. ¿Ellos qué le habían hecho a los soldados”, reclamó Daza Villazón.

Asimismo, relató el caso de Pedro: “era un muchacho joven, trabajador, cristiano igual que mi persona y Robinson, creyente. Él tuvo una esposa y la perdió por el cáncer. Dejó dos hijas a cargo de él, y una murió jovencita por el sufrimiento que le quedó (...) Eso es lo que queda de estos problemas, sufre la familia y hasta la comunidad”.

Durante la audiencia, Éderman Uriana del Eirruku Uriana, cacique del territorio Mayabanglom, saludó a la magistratura y presentó una hamaca elaborada por integrantes de esa comunidad. Dicho elemento representa la matriz de la mujer wayuu. “Es una de las máximas representaciones artísticas de la mujer wayuu”, pues cuando nacen, crecen y mueren son acogidos por esta especie de cama.

En respuesta, el magistrado Parra resaltó la trascendencia de lo que representa el chinchorro y su rol para la vida de los indígenas. “Nos sumamos a esa representación y queremos acompañar esos tejidos que condujeron a este chinchorro”, añadió.

Alison Alberto, hijo de Yajaira Nieves, asesinada en estado de embarazo, narró la forma en que se cometió el crimen de su madre. En ese sentido, exclamó que ese caso es un ‘falso positivo’ pues ella no perteneció a ningún grupo guerrillero y tampoco tuvo relación con la insurgencia.

“Mi mamá no era guerrillera, ella era una mujer trabajadora, con deseos de salir adelante con sus hijos. Era falso que mi mamá tenía uniforme cuando la mataron”, protestó el joven de manera presencial en la diligencia. Jesús Eduardo y Betsy Cristina, hermano e hija de la víctima, también reclamaron justicia y verdad por este hecho.

Cabe recordar que la primera parte de esta audiencia se llevó a cabo durante el 9 y 10 de marzo de 2023 en Valledupar. Asimismo, los militares investigados en el subcaso Costa Caribe son exintegrantes del grupo de Caballería Mecanizado n° 2 ‘Coronel Juan José Rondón’ —Gmron—; el Batallón de Artíllería n° 2 —La Popa—; el Batallón Energético y Vital n°2 —Baev2— y la Fuerza de Reacción Divisionaria.

Con estos relatos, la JEP buscará establecer el grado de responsabilidad que tuvieron los militares en los crímenes cometidos contra indígenas wiwa y wayuu.