Excombatientes de las Farc asentados en el Etcr Mariana Páez de Mesetas, Meta, calificaron como una crisis humanitaria la grave situación de seguridad por cuenta de las constantes amenazas de desplazamiento por parte de grupos ilegales, entre ellos, el Estado Mayor Central de la extinta guerrilla.
Ante ese escenario que ya implicó la intervención de la oficina del alto comisionado para la Paz, el presidente Gustavo Petro se encargará personalmente de atender esa emergencia, a fin de garantizar la vida de quienes se encuentran en proceso de reincorporación y sus familias.
Así lo dio a conocer el director del Dapre, Mauricio Lizcano, la noche del jueves 23 de marzo. En el anuncio, detalló que el jefe de Estado proporcionará de manera directa las condiciones plenas de bienestar para las más de 80 familias que habitaron ese espacio y que serán trasladadas ante las difíciles condiciones que persisten en Mesetas.
Al respecto, mencionó que se tomarán todas las medias con varias entidades, diez en total que están al frente del proceso de reinserción. “Pero, además, el presidente de la República, que tiene un gran compromiso con el cumplimiento de los acuerdos de paz, ha tomado la decisión de personalmente ir a verificar e instalar el PMU”, comunicó Lizcano.
Además, señaló que dentro de la comunidad que habita ese Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación hay un debate sobre si deben quedarse o no en ese lugar, y justamente, eso fue lo que discutió la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final —Csivi— integrado por el comisionado Rueda y el ministro del Interior, y el Partido Comunes.
De hecho, la agenda del Ejecutivo ha estado movida con esta colectividad. El 21 de marzo tuvieron su primer encuentro con Petro desde que asumió como presidente de la República, y le manifestaron su preocupación por la implementación del acuerdo pactado en La Habana y refrendado en 2016.
Un día después, se reunió en Casa de Nariño con Rodrigo Londoño, máximo dirigente de Comunes y le extendió su llamado a que cumpla de manera integral cada uno de los puntos del documento.
“El acuerdo es integral: no se puede implementar un punto y dejar los otros. El tema de la Reforma Agraria —no se puede ejecutar— sin la ampliación de la reforma política y sin la sustitución de cultivos”, manifestó Londoño.
Otro tema sobre el cual conversaron fue la situación actual de las entidades encargadas de la implementación, como la Csivi y el hecho de que las partes firmantes de ese acuerdo pueden dialogar sobre alguna modificación que se le quiera realizar, siempre y cuando contribuya a la efectiva implementación de todos los puntos.
Por su parte, los integrantes del Etcr de Mesetas extendieron su preocupación por la situación actual de seguridad y el ultimátum que les entregaron integrantes del Estado Mayor Central.
A través de un pronunciamiento, explicaron que su desplazamiento generará una pérdida total de sus proyectos productivos, como la elaboración de panela a través de la siembra y cosecha de caña, la recolección y transformación del café, el turismo comunitario, y dos iniciativas más relacionadas con la ganadería.
“Nuestra salida también implica daños comunitarios, como la afectación en la atención a educación en primera infancia que se presta en el centro de cuidado Marianitos y la educación primaria en la escuela Buena Vista, que atiende a la población aledaña e hijos de la paz”, advirtieron los excombatientes del ETCR Mariana Páez en su comunicado.
En respuesta, el comisionado Danilo Rueda manifestó que el Etcr iba a ser movido; sin embargo, integrantes del Partido Comunes como Julián Gallo, cuestionaron el actuar del alto funcionario y las consecuencias que puede generar la falta de cumplimiento de garantías para los reinsertados.
Así las cosas, el presidente Petro se dirigirá en los próximos días a Meta para encabezar el PMU y manejar la situación que padecen 200 personas, entre ellas casi 90 mujeres y alrededor de 90 menores de edad.