Fiscalía suspendió las órdenes de captura contra negociadores de las disidencias de las Farc

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer la suspensión de todas las órdenes de captura que corrían contra personas que fueron reconocidas por el Gobierno nacional con estatus político del grupo armado llamado ahora Estado Mayor Central de las Farc.

Según indicó la entidad, hacia el medio día del 24 de marzo, la medida estará vigente hasta el 30 de junio de 2023 y cubriría a Walter Freddy Ruiz Montaño, Luis Carlos Pinilla Cortéz, Renzo Alirio Martínez, Ramiro Pinzón Novoa y Robinson de Jesús González.

La medida fue tomada atendiendo la petición del presidente Gustavo Petro, por lo que en “uso de las facultades legales y constitucionales que le asisten”, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, expidió la Resolución 0-0153 del 24 de marzo de 2023, donde declaró la suspensión total de las órdenes de captura a los ahora representantes con estatus político.

Cabe recordar que este reconocimiento fue posible con la resolución No. 038 del 8 de marzo de 2023 por el presidente de la República. Además, indicó que “integrarán el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV)”.

El documento añadió que la información será comunicada a la Organización Internacional de Policía Criminal - Interpol, así como también a las demás autoridades “para efectos de que se dé inmediato y estricto cumplimiento”.

La Fiscalía señaló que esta medida da cuenta del “compromiso de la Fiscalía General de la Nación y del Fiscal General de apoyar, desde sus competencias, las decisiones que beneficien la obtención de la paz”.

Finalmente, el fiscal Barbosa, en la emisión oficial del documento, añadió:

“Hemos acompañado a través de la suspensión de órdenes de captura del ELN, de las disidencias, los esfuerzos de paz de este Gobierno. Creemos en la idea de que se logre la reconciliación de los colombianos. Pero rechazamos, igualmente, la idea de que se establezcan procesos de paz y no de sometimiento a la justicia con narcotraficantes en el territorio colombiano. Somos amigos de la paz, pero no lo somos del narcotráfico”.

Una grave situación de seguridad estarían viviendo firmantes del Acuerdo de Paz del 2016 en zona territorial Mariana Páez, en Mesetas, Meta, pues denuncian que están recibiendo amenazas para salir de su territorio, las cuales vendrían de disidentes de las Farc.

Ante esto, El Tiempo conoció que Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, aseguró que el Gobierno nacional reconoce su compromiso para cumplir los acuerdos de paz, razón por la que el presidente se habría de dirigir personalmente “a verificar e instalar el PMU”, Puesto de Mando Unificado en el Meta.

La situación ha suscitado un debate donde se cuestiona el cumplimiento al documento que se pactó con la exguerrilla y ante el cual, según el presidente Gustavo Petro, se deben realizar algunos ajustes.

Son varias las figuras que han expresado su preocupación por la situación en materia de seguridad que presentan los firmantes, entre ellos Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes y excomandante de las extintas Farc.

El líder expresó su preocupación durante el conversatorio La Verdad del Conflicto, el cual se desarrolló en la Universidad Javeriana en la capital del país, donde se refirió a la necesidad de que los firmantes del documento cuenten con garantías de seguridad.

Añadió que desde la firma del acuerdo hasta marzo de 2023, se han registrado más de 350 asesinatos que han acabado con la vida de firmantes en distintas partes del territorio nacional, además de las amenazas de las que han sido víctimas para que salgan de sus territorios y que han generado una delicada situación de desplazamiento.