Fiscal General fue denunciado por racismo por una comunidad indígena en el sur del país

La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombia (OPIAC) señaló que Francisco Barbosa cuestionó la capacidad de las comunidades ancestrales para manejar recursos

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En imagen, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. Foto: Colprensa - Fiscalía
En imagen, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. Foto: Colprensa - Fiscalía

La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombia (OPIAC) publicaron un comunicado en el que anunciaron que denunciaran por racismo al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, por un supuesto acto de racismo al cuestionar, según esa organización, la capacidad de manejo de recursos por parte de las comunidades indígenas del país.

“Como Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, y como institución representativa de estos pueblos en los términos del Convenio 169 de la OIT, denunciamos públicamente el acto racista, discriminador y de odio en contra de los pueblos indígenas de Colombia, perpetrado por (...) el Fiscal”, encabezaron la misiva.

Explicaron que Barbosa, en una entrevista que concedió al periódico regional El Colombiano, planteó dudas en la manera en que las comunidades ancestrales y afrodescendientes manejen recursos estatales de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo.

“Según el estudio que realizó la Fiscalía, el artículo 289 modificaría la ley de transparencia y le terminaría dando facultades a cabildos indígenas y negritudes para que contraten de forma directa. La razón es que al ser actores que carecen de experiencia contractual pueden ser fácilmente manipulables por inescrupulosos. “¿Cómo le vamos a decir que contraten si, por ejemplo, eso no tiene nada que ver con la cultura propia de un pueblo indígena?”, agregó”, señala el párrafo que provocó la denuncia.

Para la OPIAC estas expresiones del Fiscal denotan el desconocimiento constitucional que tiene acerca de los derechos de estas comunidades en el país.

“Debería saber que la diversidad étnica y cultural es un principio y derecho constitucional, que los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional y que nuestra institucionalidad está reconocida como parte orgánica del Estado (...) El mismo artículo 330 nos faculta, entre otros asuntos, para promover las inversiones públicas en nuestros territorios y velar por su debida ejecución, así como percibir y distribuir nuestros recursos”, indicaron.

Hicieron hincapié en que cuentan con las atribuciones de ley para poder hacer contrataciones y que de hecho las llevan a cabo en la actualidad.

“Lo afirmado por la máxima cabeza del ente investigador, al afirmar que la contratación no tiene que ver con nosotros ni con nuestra cultura, nos discrimina y rompe con lo acordado en la Carta Política. Somos sujetos políticos con la plenitud de facultades y derechos que la Constitución Política nos reconoce. No somos, se desprende de las afirmaciones del señor Barbosa Delgado, ni menores de edad, ni incapaces, ni salvajes, como en tiempos pasados lo expresaba la ominosa Ley 89 de 1890”, criticaron.

Finalmente, le exigieron a Barbosa que rectificara sobre sus afirmaciones, que reiteraron eran racistas, y en las mismas condiciones en que fue publicado en el medio regional.

“Estamos exigiendo: Al Fiscal General (...) que se retracte, inmediata y públicamente de las afirmaciones discriminatorias, racistas y de odio en contra de los pueblos indígenas de Colombia. Que se disculpe públicamente con los pueblos indígenas de Colombia y en condiciones equivalentes de difusión y alcance a aquellas en las que realizó las afirmaciones discriminatorias y de odio racial”, solicitaron.

También elevaron la misma petición al Congreso de la República y a la Defensoría del Pueblo para que tramiten la denuncia en contra del funcionario.

“A la honorable Cámara de Representantes y al Senado de la República, recibir y tramitar esta denuncia pública como noticia criminal, a efectos de elevar acusación denuncia ante el Senado de la República contra el Fiscal General, y que sea la Cámara Alta quien dé curso a la acusación ante la Honorable Corte Suprema de Justicia por los delitos comunes de actos de discriminación racial, hostigamiento y otros”, solicitaron.

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