Ministro del Interior desmintió versión del director de la Policía Nacional en referencia a su secuestro en Caquetá

Según el general Henry Sanabria, Alfonso Prada habría sido constreñido por un grupo de campesinos que protestaban en San Vicente del Caguán

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El ministro Alfonso Prada desmintió
El ministro Alfonso Prada desmintió que haya sido secuestrado. La información que entregó el general Henry Sanabria habría sido malinterpretada. REUTERS/Nathalia Angarita

En el inicio de marzo de 2023, un secuestro masivo de agentes de la Policía Nacional en Caquetá generó indignación en Colombia, en primer lugar por el hecho de que viola directamente los derechos humanos, y en segunda instancia, por las declaraciones del ministro del Interior, Alfonso Prada, que afirmó que se trataba de un “cerco humanitario”.

El jueves 23 de marzo, el director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, afirmó que sí se trató de un secuestro, además entregó detalles que indicaban que el ministro pudo ser secuestrado también.

Sin embargo, esta información fue desmentida por el propio jefe de la cartera del Interior en las instalaciones del Congreso de la República. Prada aseguró que la información que circuló en los medios habría sido malinterpretada.

“No estuve secuestrado ni ningún ministro estuvo secuestrado. Si ustedes escuchan con tranquilidad, con claridad la declaración del señor director general de la Policía, los altos funcionarios no estuvieron secuestrados, él utiliza la palabra secuestro refiriéndose a que según su opinión, en medio de este conflicto social, los policías fueron secuestrados durante 48 horas por el movimiento campesino”, manifestó Prada a los medios de comunicación.

Las críticas al ministro del Interior se debían a la falta de carácter por parte del Gobierno para atender este tipo de situaciones, además, por no respaldar a la fuerza pública, que en medio de los procesos de paz que se adelantan en el país, “habría perdido el optimismo”. Sin embargo, el general de la Policía reveló el verdadero motivo por el cual Alfonso Prada no podía hablar de un secuestro a los medios de comunicación.

“El señor ministro de alguna manera fue constreñido por estas personas porque supeditaron la entrega de los policías a que el señor presidente Gustavo Petro fuera —y eso no iba a pasar— y que si en el protocolo de liberación no se quitaba la palabra secuestro no los entregaban. Por eso el señor ministro puso eso y es claro que fue un secuestro”, manifestó Sanabria a Noticias Caracol.

El director de la Policía también relató que los manifestantes perpetraron sus amenazas y por esta razón los refuerzos de la fuerza pública no pudieron acercarse ni tampoco intervinieron, “ellos enviaron un policía de nosotros para advertir que si había una salida, mataban a siete policías. Por eso, el apoyo que llegó no pasó la calle, pese a que apenas estaban a 50 metros”, relató Sanabria al medio citado.

En medio de las declaraciones del máximo jefe de la Policía de Colombia y el ministro del Interior, la Fiscalía General confirmó que estos hechos son materia de investigación y podría determinarse si se cometió el delito de secuestro por parte de la comunidad campesina. Además, sería totalmente descartada la hipótesis de que se trató de un cerco humanitario.

El incidente que se presentó en las instalaciones de la petrolera Emerald Energy, durante un paro orquestado por comunidades campesinas de la región, dejó como víctima a un campesino y a un uniformado.

Los motivos por los cuales estuvieron protestando estas comunidades, era por el incumplimiento del Gobierno nacional en la pavimentación de 42 kilómetros de la vía que comunica a Los Pozos con el casco urbano del municipio. Además, exigían a la petrolera el pago de un millón de dólares anuales en efectivo, petición que no fue aceptada por la empresa, ya que aseguró que este sería calificado como delito de extorsión.

Finalmente, los manifestantes y el Gobierno nacional concertaron mesas de diálogo trimestrales para evaluar el avance del cumplimiento del pliego de peticiones, y también para confirmar los delitos que pudieron cometerse en el marco de las protestas.

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