Más de 3.000 órdenes de captura están frenadas por las malas decisiones en el manejo del orden público, aseguró el fiscal Barbosa: “Estamos en una situación de caos”

“Ley y orden” exigen gobernadores, alcaldes y congresistas al Gobierno Nacional, tras la reciente inestabilidad en materia de orden público, por cuenta de los recientes ataques a las poblaciones rurales en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba y Bolívar, que, con la suspensión del cese bilateral al fuego con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) se han encrudecido, al punto en el que las autoridades locales decidieron hacer un S.O.S. colectivo.

Su protesta, que inicio en medio del puente festivo de San José, fue respaldada por el fiscal general, Francisco Barbosa, en su rendición de cuentas, desde la capital paisa (Medellín).

Entre los diversos cuestionamientos que hizo sobre la gestión del actual Gobierno, el jefe del ente investigador se tomó un momento para hablar sobre las 3.600 órdenes de captura que no han sido ejecutadas, según él, por la fallida operatividad del Gobierno.

“En el marco de esas decisiones desacertadas del manejo del orden público de Colombia, hoy estamos en una situación de caos y de imposibilidad de hacer ejercicio de la acción judicial llevando al país a tener más de 365 órdenes de captura sin materializar por parte de nuestra Fiscalía, porque no existe posibilidad de entrada a zona rural de las Fuerzas Militares y de Policía”, aseguró el fiscal.

De ellas, almenos 365 serían en contra de personas que planearon y llevaron a cabo asesinatos en contra de líderes sociales y excombatientes de las extintas FARC-EP, que lograron reincorporarse a la vida civil tras el acuerdo de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos.

“El respaldo profundo que tengo por los gobernadores en este momento de tanta dificultad por el abandono del orden público que ha habido en el país y por la irresponsabilidad que hemos tenido por parte del ejecutivo en el manejo del orden público nacional, que ha generado una falsa operatividad”, manifestó el fiscal Barbosa.

Quien, de la misma manera, hizo un llamado a derogar los decretos de cese al fuego que siguen en píe con la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central –ambos grupos de las disidencias de las Farc– y las Autodefensas de la Sierra Nevada.

“Consideramos adecuado que se haya derogado ese decreto, pero consideramos importante que el presidente evalúe la posibilidad de derogar los otros decretos también porque tenemos un problema serio de operatividad judicial en el país”, demarcó el alto funcionario.

Ya que, aunque según dijo, el presidente está en plena potestad de expedir decretos a su antojo, deberían cuestionarse aquellos que, de alguna manera, beneficien a las organizaciones criminales, más cuando estás no cumplen con lo prometido.

Un día antes de su rendición de cuentas, en medio de un foro sobre la reforma a la justicia, que se desarrolló en la sede de la Universidad Externado (Bogotá), el fiscal Barbosa arremetió contra la decisión del Gobierno nacional de haber suspendido el cese al fuego con el Clan del Golfo, e, incluso, fue más allá sobre el tema de la ley de sometimiento, al declarar que “Pablo Escobar estaría feliz” con ella.

Según él, “el Cartel de Cali estaría feliz con esta ley de sometimiento. ¿Qué pensaría Rodrigo Lara y Enrique Low Murtra con esta ley de sometimiento? Están ensuciando la dignidad de este país”, cuestionó.

Dichas declaraciones se suman a las críticas que ya ha realizado sobre el cese al fuego y que, según él, no son más que “decisiones que atentaron contra la institucionalidad colombiana y el orden público por parte del presidente de la República”. Y aseguró que, cuando tomó la decisión de suspender las operaciones militares y policiales, lo hizo “sin verificación y sin limitación geográfica, en diferentes lugares del territorio nacional”.

De acuerdo con el fiscal, la iniciativa de “sometimiento” garantiza que personas responsables por delitos de suma consideración queden en libertad, o en otras palabras que, “se van para la calle delincuentes de lesa humanidad”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el fiscal se refiere a la ley de sometimiento que radicó el Gobierno, un proyecto que, como ha dicho en ocasiones anteriores “tiene que ser abierto y democrático”; tanto o más que la “Paz Total”. E informó que, tras su llegada al Congreso, el 15 de marzo del 2023, está atento, pues quiere participar de manera activa en su debate.